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Tomar en consideración:

• El único requisito académico para los/las postulantes a despachador/a autorizado es enseñanza media completa.
• La capacitación la puede realizar la contraparte de cada establecimiento.
• SAG no ha autorizado OTECs para realizar capacitación de despachador autorizado/a.
• La evaluación la realiza directamente la oficina sectorial correspondiente al establecimiento, de común acuerdo con la contraparte
• Los/las despachadores autorizados que aprueban la evaluación realizada por el SAG quedan habilitados para efectuar despachos de material inspeccionado/aprobado.
• El enrolamiento de la huella digital se realiza en la oficina sectorial, sin costo para el usuario.

Detalles del curso

Mediante una estación biométrica se capturará la huella digital de contrapartes y despachadores autorizados para validar los despachos de productos silvoagrícolas aprobados.

• Aumenta el personal autorizado para validar tus despachos.
• Quedarán preparados para realizar un examen en las Oficinas Sectoriales SAG (exigencia de aprobación 80%).
• Curso incluye mejoras Sistema Multipuerto.

*Despachador autorizado: persona natural, con  enseñanza media completa, autorizado por supervisor de certificación fitosanitaria, para desempeñarse como despachador autorizado.

Detalles a continuación

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:

Pamela Morales A.
Encargada de Gestión de Calidad y Ejecución.
Otec Modelo SpA.
+56 9 35 39 2774

Entre los días 9 y 12 de marzo se llevará a cabo el Curso de Contrapartes, dirigido a profesionales y técnicos que se quieran certificar como Contraparte Profesional o Técnica del SAG.

El curso es para aquellos que no cuenten con esta certificación, según se indica en el manual de “Certificación Fitosanitaria de Material de Propagación de Exportación” y a partir de este año el alumno que aprueba este curso queda habilitado para desempeñarse en las Plantas Adscritas al Programa Origen, Forestal y de Material de Propagación.

Es importante señalar que desde mediados del 2019 el SAG no realiza estos cursos directamente, sino que deben ser realizados a través de las OTECS acreditadas para ello.

Detalles a continuación:

Para mayor información contactar a:

Pamela Morales A.
Encargada de Gestión de Calidad y Ejecución.
Otec Modelo SpA.
+56 9 35 39 2774

Con el fin de preparar a los profesionales que actuarán como Responsables Técnicos de las empresas de material de propagación, el martes 28 de enero se llevó a cabo el curso “Autorización de terceros en la ejecución de medidas o tratamientos fitosanitarios”. En esta oportunidad, el curso se centró en tratamientos de “Desinfección y Desinfestación”, requisito necesario para cumplir con la autorización de terceros que ejecuten tratamientos o medidas fitosanitarias oficiales para la exportación de artículos reglamentados.

[Mostrar presentación de diapositivas]

La Ley 20.797 que  “Crea un Registro Voluntario de Contratos Agrícolas”  publicada el día 19 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial y la cual comenzó a funcionar el día 6 de Junio de 2019 persigue mejorar la “agricultura de los contratos” y, para tales efectos, incorporando solemnidades, formalidades y requisitos que -hasta ahora- eran desconocidos para el tráfico jurídico-agrícola. En esa línea, introduce un sistema de inscripción voluntario aplicable a cierta categoría de contratos agrícolas, regula los efectos civiles de ese registro, establece los mecanismos de solución de conflictos entre las partes de un contrato agrícola registrado, entre otros aspectos.

Particularmente, en materia de solución de conflictos la Ley abandona la visión de las legislaciones decimonónicas que concebían -en abstracto- a los contratantes en una posición de igualdad formal y con similares capacidades de negociación, respondiendo a los principios modernos de la contratación civil, que reconocen las asimetrías, diferencias y/o desequilibrios que se pueden presentar en las relaciones contractuales.

Así las cosas, el artículo 18 de la Ley señala que toda controversia entre las partes relativa a la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos regidos por las normas de esa ley se sustanciarán a través del procedimiento sumario contenido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, ante el juez de letras en lo civil del domicilio del productor, sin que proceda la sustitución del procedimiento sumario a ordinario.

Es destacable la medida adoptada por el legislador respecto a que las controversias que surjan entre las partes sobre la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos agrícolas regidos por las normas de la Ley se tramiten de acuerdo con las reglas del procedimiento sumario y no conforme a las reglas del procedimiento ordinario, como debería ocurrir en caso de no contemplarse ese precepto legal.

“La naturaleza inherente del giro agrícola exige ampliamente que los conflictos entre las partes que intervienen en dicha actividad sean resueltos por los órganos jurisdiccionales competentes con la mayor celeridad de todas, mediante una tramitación rápida y por medio de un procedimiento breve y concentrado, exigencia que se cumple a cabalidad con esta decisión legislativa de aplicar las normas del juicio sumario” señala el Abogado de Araya & Compañía Nicolas Monge.

Asimismo, cabe destacar la prudencia del legislador sobre esta materia toda vez que el artículo 18 en cuestión no sujeta a las normas del procedimiento sumario las controversias que surjan entre las partes con motivo de la duración o validez de los contratos regidos por la Ley, reconociendo que la resolución de ese tipo de conflictos o controversias podrían requerir de un procedimiento de lato conocimiento y no concentrado como lo es el juicio ordinario.

Por otra parte, considerando especialmente el dinamismo de las relaciones contractuales en el ámbito jurídico-agrícola y la necesidad de que los conflictos que acaezcan en ese giro se resuelvan con rapidez, el artículo 18 de la Ley excluye -correctamente- la aplicación del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil (“sustitución del procedimiento sumario a ordinario”) en los juicios sumarios seguidos entre las partes de un contrato agrícola sujeto a los preceptos de la Ley.

Según lo expuesto al comienzo del artículo, la Ley responde a ciertos principios modernos de la contratación civil, reconociendo las asimetrías, diferencias y/o desequilibrios que se pueden manifestar en las relaciones jurídicas entre privados. En esa línea, el artículo 18 determina que el tribunal competente para conocer las controversias entre las partes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos agrícolas regidos por la Ley es el juez de letras en lo civil del domicilio del productor.

En ese sentido, el artículo 18 de la Ley se aparta de las reglas generales sobre determinación de la competencia y opta por una solución de carácter excepcional al respecto, guardando armonía con la realidad del tráfico jurídico-agrícola al reconocer acertadamente que una de las partes del contrato el productor se encuentra en una posición menos favorable y otorga mayores garantías procesales.

En síntesis, en materia de solución de conflictos la Ley constituye un gran avance para el nacimiento, desarrollo y conclusión de las relaciones jurídicas en el ámbito agrícola, ya que establece un mecanismo de amplia eficacia y celeridad -como lo es el procedimiento sumario- para proteger efectivamente las garantías procesales de los contratantes, reconociendo las diferencias o asimetrías que pueden manifestarse entre las partes.

Con la publicación en el Diario Oficial de la ley N°21.207, presentada por el ejecutivo como parte de la agenda de apoyo a las MIPYMES (micro, pequeñas, y medianas empresas)  afectadas producto de la crisis social, a partir de hoy miles de contribuyentes podrán recurrir a los distintos beneficios tributarios y financieros que la ley contempla en relación al pago de IVA, la devolución del Impuesto a la Renta, un régimen especial de donaciones y acceso a financiamiento.

Dentro de los beneficios que la ley consagra, se establece  la posibilidad de postergar un porcentaje del IVA de octubre, noviembre y diciembre para pagarlo en 12 cuotas. El porcentaje que se podrá postergar varía desde un 20% hasta un 75% del IVA, dependiendo de la variación en la facturación de octubre o noviembre de 2019, calculado respecto del promedio de su facturación declarada en los doce meses anteriores a dicho mes.

Adicionalmente, se otorga la posibilidad de solicitar una devolución anticipada desde un 20% hasta un 75% del Impuesto a la Renta, para aquellas MIPYMES que durante 2019 realizaron pagos Provisionales Mensuales Obligatorios, o solicitaron devoluciones en los años tributarios 2018 y 2019. El plazo para presentar la solicitud de devolución anticipada  es hasta el 28 de febrero de 2020.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de esta ley, se crea un Régimen especial de donaciones para MIPYMES que se encuentren registradas en un Catastro Público, las que podrán recibir donaciones por hasta un monto de 300 UTM durante la vigencia de los beneficios de la ley. Los donantes podrán deducir el monto de dichas donaciones como gasto para efectos de la determinación de la renta líquida imponible del impuesto a la renta, dentro de los límites señalados por la ley.

Finalmente, el gobierno  realizó un aporte de US$100.000.000 al Fondo de garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), para facilitar el acceso al financiamiento de las MIPYMES, ampliando el número de empresas que pueden acceder al fondo, ya que, se aumenta el nivel de facturación desde 25.000 UF hasta 100.000 UF.

El 2020 es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal (IYPH por sus siglas en inglés). Designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el IYPH intenta resaltar el papel vital que desempeña la sanidad vegetal para acabar con el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico. La industria de semillas desempeña un papel fundamental en la garantía de la salud de las plantas mediante la implementación de prácticas fitosanitarias sólidas en todas las etapas de la producción de semillas, desde el laboratorio hasta el campo y el mercado. Para ayudar a dar inicio al IYPH, ASTA lanzó un nuevo mini-documental sobre el papel de la industria de semillas de Estados Unidos para garantizar semillas seguras y de calidad.

El Presidente Sebastián Piñera firmó este miércoles el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, orientado a proponer y aplicar políticas, planes, programas y normativas, para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país. Acompañado del titular de Agricultura, Antonio Walker, el Mandatario presentó la iniciativa que busca introducir mayor competencia en el sector agrícola y una modernización de la cartera, a través del traspaso de toda la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, además de nuevas atribuciones para el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en el control y aseguramiento de la cadena productiva de alimentos.

“En los próximos días vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que moderniza la institucionalidad del sector agrícola, que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Eso va a significar que vamos a tener un ministerio poderoso para ayudar a los agricultores a aprovechar este tremendo potencial y muy especialmente a los pequeños agricultores”, afirmó Piñera. De esta forma, el nuevo Ministerio contará con dos subsecretarías, una de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y otra de Pesca y Acuicultura. Esta reorganización busca transformar el Ministerio de Agricultura en una entidad flexible y moderna, acorde a las nuevas necesidades y demandas, y permitirá a los sectores que integran la cartera, asumir un rol preponderante en la economía chilena y en la mejora de condiciones de vida de todos sus habitantes. Además, el Presidente precisó que “yo espero que todos los chilenos comprendamos que Chile se está transformando en una potencia agroalimentaria. El año pasado la agricultura chilena exportó más de 16 mil millones de dólares, eso significa que es uno de los grandes exportadores del cobre, junto a otras actividades, y eso nos permite llegar al mundo entero con los alimentos chilenos. Pero lo más importante es que en el mundo cada día hay más demanda por los alimentos que producimos en Chile”. El Gobierno ha planteado la meta de convertir a Chile en una potencia agroalimentaria, para lo cual se han desarrollado 29 acuerdos comerciales con las principales economías del mundo (65 países), que representan el 67% de la población mundial y el 88% del PIB global; y barreras fito y zoosanitarias de alto nivel. Según cifras del Ejecutivo, las exportaciones del sector silvoagropecuario alcanzaron US$16.712 millones en 2019, un 24% de las ventas al exterior, destacando un aumento de casi el 4% en los envíos a China, el mayor socio comercial de Chile.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/01/22/974261/Presidente-por-nuevo-ministerio.html

Debido a los acontecimientos políticos y sociales en el país en los últimos meses, la aprobación del TPP 11 se ha desplazado por otros proyectos de ley que se consideran de suma urgencia.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en relación a las Variedades Vegetales protegidas, deja pendiente también la transición del sistema de protección de los derechos de los obtentores de La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 78 a UPOV 91, esto trae distintas consecuencias en el negocio de la producción agrícola en especial  en temas relacionados con la producción de fruta fresca.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), su  misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad. Junto con la aprobación del TPP 11, viene incorporado el paso de un Convenio antiguo de la UPOV, de 1978 al más reciente de 1991.

Las principales diferencias entre los Convenios son las siguientes:

En UPOV 78, no contempla derechos exclusivos sobre el material cosechado, a diferencia de UPOV 91, que lo protege como derecho exclusivo del obtentor, por esto, para los obtentores del resto del mundo, uno de los países más riesgosos para explotar sus derechos de obtentor, es precisamente Chile, ya que, la fruta conforme a UPOV 78, puede ser comercializada sin problemas y no ser eso un motivo de infracción por parte de las partes o de terceros, por lo cual, pierde el valor de exclusividad y no protege el desarrollo científico de nuevas variedades en Chile, así como tampoco, el ingreso de nuevas variedades.

Respecto de la excepción de los obtentores, conforme a UPOV 78 nuevos obtentores pueden usar una variedad protegida para la creación de una nueva variedad, mientras que UPOV 91 incluye el requerimiento de autorización por parte del obtentor principal, cuando se trate de la creación de una variedad “esencialmente derivada”. Esto faculta a terceros a hacer uso del material genético de los obtentores para la creación de nuevas variedades, incluso sin su autorización, otro motivo de riesgo para la introducción de nuevas variedades en Chile, ya que la protección, para lo requerimientos actuales, se considera insuficiente.

Respecto de UPOV 78, concede lo que se denomina el “privilegio del agricultor” pero no lo limita de una forma adecuada, dentro de esto, la destrucción completa y total del material vegetal de un obtentor en el predio de un tercero, podría verse afectado. Quedando siempre material susceptible de ser propagado, inclusive en el predio de un infractor. En cambio, con la aprobación del TPP 11, la legislación de cada país determinaría los límites de este privilegio y sus alcances.

Además de todo lo mencionado, aprobado el nuevo convenio, se podría extender la protección de los derechos de los obtentores, lo cual es importante al momento de querer fomentar el ingreso de tecnología, nuevas variedades con características especiales para el mercado de la venta internacional de fruta fresca. Las infracciones que se comenten a diario en el agro, ya sea por productores, viveros, clubes, y exportadoras, podrían ser castigadas de una manera efectiva y eficaz, protegiendo los derechos de breeders y fomentando un negocio más justo y seguro.

Artículo realizado por la abogada Jefa del Área de Propiedad Intelectual de Araya & Cia, Loreto Polloni