“Un cambio radical en el enfoque de las propuestas legislativas sobre la reducción del uso de productos fitosanitarios y nuevas normas de envasado”, es lo que reclamaron las cooperativas hortofrutícolas de Francia, Italia y España durante una concurrida reunión celebrada recientemente en el Parlamento Europeo, promovida y organizada por la eurodiputada francesa Irene Tolleret.
Representantes de las principales cooperativas hortofrutícolas de los tres países productores ilustraron a los eurodiputados presentes los numerosos avances que el sector hortofrutícola europeo ya ha realizado en la reducción del uso de productos fitosanitarios y en la optimización del uso de envases y su reutilización.
A continuación, reiteraron su claro descontento sobre las propuestas normativas presentadas por la Comisión Europea derivadas de la estrategia “De la granja a la mesa”, empezando por la nueva prohibición del uso de envases para recipientes de menos de 1,5 kg, definida como “arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”.
Las cooperativas demostraron, con pruebas concretas basadas en su propia experiencia, que el envasado sigue siendo fundamental para llevar al mercado productos perecederos como las frutas y hortalizas, cumpliendo las expectativas de los consumidores en términos de calidad, seguridad y precio. Además, el envase cumple una serie de funciones que van desde proteger el producto de posibles daños hasta prolongar su vida útil y ofrecer a los consumidores información correcta sobre el método de producción, el país o la zona de origen. La nueva normativa contradice, además, otros objetivos considerados estratégicos por la propia Comisión, como la reducción del desperdicio alimentario, el fomento del consumo de frutas y hortalizas como base de una dieta saludable, y el impulso del valor y la diferenciación de las frutas y hortalizas. Es por ello por lo que las cooperativas solicitan una regulación común de la UE basada en una base científica, en lugar de en la percepción, y que esté orientada hacia la reducción, racionalización, mejor gestión de los envases y no hacia una prohibición drástica que castigue injustamente al sector hortofrutícola.
En cuanto a la reducción del 50% en el uso de productos fitosanitarios, se trata de una medida “poco realista e inviable a nivel económico, porque no se basa en ningún dato científico y no tiene en cuenta los esfuerzos ya realizados, ni los diversos estudios de impacto que coindicen todos en predecir una caída inevitable de la producción”.
Es necesario, por tanto, que Europa abandone su “estrategia punitiva y burocrática” y apueste en cambio por salvaguardar “una agricultura europea competitiva y la soberanía alimentaria de sus consumidores, evitando las importaciones de terceros países menos sostenibles”.
¿Qué piden las cooperativas europeas? En primer lugar, plazos más amplios que vayan mucho más allá del horizonte 2030, la realización de estudios de impacto adecuados y completos, y la disponibilidad efectiva de herramientas alternativas que la ciencia y la investigación puedan poner a disposición del sector, junto con nuevas tecnologías (nuevas técnicas genómicas, aplicación de drones, variedades más resistentes, etc.).
En segundo lugar, la Comisión debería evitar la entrada en la UE de cualquier producto hortofrutícola procedente de un país donde se permita utilizar productos fitosanitarios prohibidos en la UE y poner en práctica “el principio de reciprocidad” a través de una normativa ad hoc.
Las cooperativas también aprovecharon la reunión para recordar al Parlamento Europeo el difícil momento que atraviesa el sector agrícola y hortofrutícola, sometido a estrés por fenómenos meteorológicos (heladas en 2022, sequía e inundaciones en 2023), desequilibrios de mercado y aumento de los costes de producción como consecuencia de las distintas crisis geopolíticas o sanitarias que han afectado a la UE (Brexit, guerra de Ucrania, post-COVID), aspectos que afectan negativamente a la renta de los agricultores y sus cooperativas.
Dada la situación del sector y de los mercados, la Comisión “debería abstenerse de introducir políticas excesivas de la UE que acaben generando costes adicionales”.
A través de sus portavoces, Jean Michel Delannoy (FELCOOP), Davide Vernocchi (Alleanza Cooperative Italiane F&V sector) y José Manuel Fernández (Cooperativas Agro-alimentarias de España), las cooperativas expresaron su deseo de que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo encargada de los dos informes considere las demandas expresadas en los esperados dictámenes de Comagri.
