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El 16 de octubre recién pasado, HM.CLAUSE CHILE S.A., ha cumplido 20 años de operación comercial. Tiempo en el que se ha posicionado como una de las más grandes empresas distribuidoras de semillas de hortalizas en el país, brindando un importante y permanente apoyo a la horticultura chilena, desde sus inicios en el año 2000, como Alliance Semillas S.A.
HM.CLAUSE se formó en 2008, mediante la combinación de sus dos marcas comerciales, HARRIS MORAN de Estados Unidos y CLAUSE de Francia. HM.CLAUSE, es una unidad de negocios de Limagrain, un grupo cooperativo agrícola internacional, especialista en semillas de cultivos extensivos, semillas hortícolas y productos cerealeros, que dispone de filiales en 56 países y cuenta con más de 10 000 colaboradores permanentes, repartidos por todo el mundo.
Localmente cuenta con un equipo de una gran diversidad en cuanto a sus países de origen, como a sus antecedentes culturales y profesionales, que comparten la pasión por el trabajo y la motivación para tener un impacto importante en el mundo.
En la actualidad, además de distribuir semillas de hortalizas en el país, se especializa en la mejora y producción de semillas, para asegurar la disponibilidad en cualquier lugar del mundo, a través de un intenso trabajo de investigación e innovación.
Del mercado mundial al mercado local, seguirán colaborando con sus clientes para brindar soluciones exitosas a los desafíos agrícolas de la actualidad y producir semillas de la más alta calidad para el futuro.
Como una compañía global, todos y cada uno de ellos, está genuinamente comprometido con el éxito y satisfacción de sus clientes y el futuro de la industria.
HM.CLAUSE CHILE S.A., agradece a todos sus clientes y colaboradores, por el aporte al crecimiento de la compañía.

La Dra. Silvina Arias y el Dr. Charles Block han recibido una subvención de $ 38,882 de la American Seed Trade Association’s Seed Science Foundation (SSF) para desarrollar una prueba que diferenciará entre dos bacterias del maíz estrechamente relacionadas. Una de las bacterias causa el marchitamiento de Stewart, una enfermedad que impide la exportación de semillas de maíz. La otra bacteria es un pariente cercano que no causa enfermedades en el maíz. El problema con los métodos de prueba actuales es que no pueden diferenciar los dos, lo que puede dar como resultado resultados falsos positivos.

“La industria está de acuerdo en que este es un trabajo muy importante e impactante”, dijo Samantha Thomas, miembro de la Junta de SSF. “Un método mejorado podría resolver los rechazos o destrucciones de importación de semillas asociados con las pruebas de falsos positivos que se sabe que ocurren con los métodos de prueba actualmente disponibles”.

El maíz exportado como semilla para plantar, generalmente debe cumplir con los requisitos de calidad del país importador. El requisito más frecuente es verificar la ausencia de marchitez de Stewart, una enfermedad bacteriana causada por Pantoea stewartii .

“Lo que muchos no saben es que Pantoea stewartii tiene dos subespecies, stewartii , que causa el tizón de las hojas en el maíz, e indologenes, que no causa enfermedades”, dijo Arias. “La prueba de laboratorio estándar no puede diferenciar una de la otra”.

Hay muchas pruebas de ADN publicadas para Pantoea stewartii, pero la mayoría tiene el mismo problema de no poder separar las dos subespecies. El laboratorio Seed Science Center Seed Health tiene un ensayo que puede separar los dos, pero no se ha probado rigurosamente en semillas. 

“Nuestro objetivo es desarrollar un ensayo de salud de semillas confiable, que funcione bien con todo tipo de semillas (dent, sweet, and popcorn) y tratamientos de semillas”, dijo Block, coordinador de pruebas de salud de semillas de SSC. “La intención no es reemplazar el test de ELISA estándar, que es más barato y rápido, sino tener un método de seguimiento complementario disponible”.

La exitosa propuesta de premio titulada “Estudio de validación de un método de PCR en tiempo real para la detección de Pantoea stewartii subsp. stewartii (marchitez de Stewart) en semillas de Maíz “sigue una publicación  de Block realizada en una revista de 2019,  en colaboración con dos científicos del USDA, los doctores Narinder Pal y Candice Gardner de Plant Introduction Station en Ames, para desarrollar un método de PCR para diferenciar las dos subespecies.

Arias dijo que el enfoque de la investigación es optimizar, extender la aplicabilidad y realizar una validación entre laboratorios del método de prueba de ADN para verificar completamente los criterios de rendimiento de acuerdo con las pautas de validación del Sistema Nacional de Salud de Semillas (NSHS). 

Esperan tener muchas preguntas respondidas para mediados de diciembre de 2020, como el mejor método de extracción de ADN, el límite inferior de detección de ADN en extractos de semillas y cómo se compara la prueba de ADN con la sensibilidad ELISA. El objetivo final es tener un conjunto sólido de datos de validación para la primavera de 2021 para que el Sistema Nacional de Salud de Semillas de EE. UU. Pueda acreditar el método.

Fuente:  Iowa State University Seed Science Center

A partir del 20 de octubre de 2020, el Servicio Agrícola y Ganadero dio inicio al intercambio de Certificados Fitosanitarios electrónicos entre Chile y Holanda mediante el sistema HUB de la CIPF.

A partir de la fecha señalada, la ONPF de Holanda aceptará los documentos electrónicos emitidos por el SAG para realizar los trámites de importación de aquellas mercaderías sujetas a revisión, por este motivo dejarán de ser necesarios los Certificados Fitosanitarios impresos en papel.

De esta manera, el acuerdo de certificación electrónica alcanzado con la Unión Europea incorpora a los 27 países miembros.
Es importante recordar que, al igual que con los demás países el Servicio emite certificados electrónicos, los Certificados Fitosanitarios de Reexportación quedaron fuera de este acuerdo

San José, 21 de octubre de 2020 (IICA). – Expansión del Producto Interno Bruto (PIB), revaloración de los beneficios de la agricultura, un reenfoque de la organización industrial y contribuciones en la ciencia y la investigación, son algunos de los aportes relevantes que la bioeconomía ofrece para la recuperación económica post Covid-19.

Para ello es necesaria la formulación de más y mejores políticas públicas, identificar y contabilizar resultados en los países, impulsar la inversión en tecnología y establecerla como prioridad en los presupuestos de ciencia, además de combinar esfuerzos entre países para afrontar mejor los recortes que vendrán con la pandemia.

Así lo aseguraron expertos que participaron de la V sesión plenaria titulada “Bioeconomía para la recuperación económica post COVID-19”, en el marco de la Conferencia Internacional de Bioeconomía Aplicada ICABR 2020 que se llevó a cabo de forma virtual a través de las plataformas online del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El panel estuvo conformado por David Zilberman, profesor de la Universidad de California, Berkeley; Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad y Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Eduardo Trigo, consultor de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del IICA y profesor del Centro de Agroindustria de la Universidad Austral, Argentina; Roberto Bisang; profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Ruben Echeverría, director general emérito del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La moderadora fue la especialista del Programa Bioeconomía y Desarrollo Productivo del IICA, Gabriela Quiroga.

Coremberg subrayó la necesidad de cuantificar con precisión los aportes que hace la bioeconomía a la economía para mejorar el mejor diseño de políticas públicas. Presentó los detalles de las mediciones realizadas en Argentina y en Uruguay, que comparó gracias a la implementación de una metodología de medición estandarizada desarrollada en conjunto con IICA.

Uno de los resultados fue la mayor incidencia en el PIB biobasado de la industria de biocombutibles uruguaya, que registró un aporte del 2% sobre el total, duplicando el aporte argentino, que se ubicó en el 1%.

Por su parte, Eduardo Trigo destacó que la bioeconomía ha revalorado la percepción que tiene la sociedad sobre la agricultura y que existe una visión que la ubica como un sector de progreso, provocando cambios en los tres niveles de la economía: macro, micro y meso.

Trigo estimó que en el largo plazo los impulsores que movilizan la transición hacia el nuevo paradigma de la bioeconomía se intensificarán. Pero en el corto y mediano plazo, las restricciones fiscales que provoca el Covid-19 en los presupuestos públicos impactarán negativamente en los planes de impulso a la bioeconomía.

A su turno, Roberto Bisang se refirió al concepto de ‘biofábrica’ como la “célula madre” de la bioeconomía. Comparó las fábricas tradicionales del siglo XX, donde se utilizaban los bienes de capital creados por el hombre para procesar materias primas de origen mineral para obtener un determinado producto.

En cambio, bajo el nuevo paradigma de la bioeconomía, se instala el concepto de ‘co-producto’, que Bisang ejemplificó diciendo que “ya no se trata de hacer trigo, sino que se trata de captar la energía del sol, envasarlo en maíz, hacer cracking del maíz para transformarlo en alimentos, bioenergías, biomateriales, y además generar un servicio ecosistémico de captura de carbono”.

Posteriormente, Ruben Echeverría enfocó su exposición en la necesidad de reforzar la inversión en investigación en ciencias agrícolas y de alimentos en los países de América Latina y el Caribe.

Describió que el promedio de inversión en la región se ubica por debajo del 1% del PIB Agrícola, mientras que los países de altos ingresos, la cifra se ubica en torno al 3%.

Según Echeverría, los presupuestos en investigación podrían incluso reducirse luego del Covid-19, por lo que recomendó redefinir las prioridades, e incluir la bioeconomía en áreas como la biotecnología, los alimentos bajos en carbono, las bioenergías y la restauración de ecosistemas. También sugirió combinar esfuerzos entre países para afrontar mejor el menor presupuesto.

Máximo Torero, a su turno, destacó que las consecuencias del Covid-19 agravarán los problemas de acceso a los alimentos, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Agregó que la bioeconomía puede ser parte de la solución si se aborda correctamente, al ser una herramienta muy útil para expandir la frontera agropecuaria.

Por último, David Zilberman destacó que en la bioeconomía está la clave para la descarbonización de la economía. Abogó por eliminar los prejuicios sobre los organismos transgénicos y la edición genómica, especialmente en Europa, y aseguró que la agricultura ecológica y la biotecnología no deben verse como sustitutos, sino como enfoques complementarios.

La Conferencia Internacional de Bioeconomía Aplicada 2020 sesionó por primera vez en la historia en América Latina, de la mano del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), junto al Consorcio Internacional de Investigación en Bioeconomía Aplicada (ICABR por sus siglas en inglés).

La Conferencia es considerada como el principal espacio en el mundo dedicado a definir, discutir y desarrollar el potencial de la bioeconomía para el desarrollo, y reúne cada año la participación y la atención de los profesionales de ciencias agronómicas y las universidades y centros de enseñanza más importantes del mundo.

Sobre el IICA
Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.

Contraloría General de la República tomó razón de su reglamento de esta norma, que establece una modificación radical en la forma de administración y gestión de los actuales sistemas de Agua Potable Rural y del rol que desarrolla el MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Con la toma de razón de la Contraloría General de la República, el 2 de noviembre entra en vigencia la Ley de Servicios Sanitarios que beneficiará a más de 2.500 comités y cooperativas de sistemas de APR del país.

Este lunes la Contraloría General de la República tomó razón del Reglamento de la Ley N° 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en Chile. Con ello, el 2 de noviembre próximo entrará en vigencia esta Ley que establece una modificación radical en la forma de administración y gestión de los actuales sistemas de Agua Potable Rural (APR), así como el rol que ha desarrollado el Ministerio de Obras Públicas a través del Programa de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Desde los años 90 a la fecha, el MOP ha llevado adelante el Programa de APR que ha permitido la construcción y mantención de sistemas que abastecen a alrededor de 1,9 millones de personas en zonas rurales y ha prestado apoyo y asesoría técnica a más de 1,900 comités y cooperativas de APR que administran dichos sistemas. A esto se suman la Subdere, municipios o gobiernos regionales.

Así a partir de noviembre, todos los sistemas de APR del país -que se estiman en 2,500 y abastecen a 2,1 millones de personas-, independiente de su origen, estarán bajo la tutela del MOP.

Esta nueva ley establece el siguiente marco regulatorio:

• El MOP además de velar por el abastecimiento de agua potable, deberá abordar el saneamiento de aguas servidas en zonas rurales.
• Reconoce a todas las organizaciones sociales que presten un servicio sin fines de lucro y hayan recibido un aporte del Estado (hoy cooperativas y comités de agua potable rural que están encargados de tareas como cloración del agua, cobro por el servicio y adquisición de insumos), como los encargados de la administración y operación de los servicios. Para ello pasarán a ser Licenciatarios por plazo indefinido, deberán inscribirse en el Registro administrado por el MOP, y cumplir ciertos requisitos y obligaciones en materias contables, operacionales y administrativas.
• Crea la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), dependiente de la DOH, que deberá asumir las tareas de asesoría a la administración y operación de los SSR y la gestión de proyectos de inversión, en forma directa o contratación de terceros. Además, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) deberá ejercer labores de fiscalización y fijar las tarifas para todos los sistemas de SSR.
• Se constituye un Consejo Consultivo nacional y también consejos regionales para que la Subdirección consulte respecto de las políticas de asesoría y asistencia.

Fuente: MOP

La edición de este año llegó a la región de la mano del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), co-organizadores del evento junto al Consorcio Internacional de Investigación en Bioeconomía Aplicada (ICABR por sus siglas en inglés).
La conferencia se divide en cinco sesiones plenarias. La primera, con el título “Políticas para el crecimiento Bioeconómico en las Américas luego del COVID-19”, contó con la participación de Federico Torres Carballo, Viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Wálter Oyhantcabal y Carolina Balian, de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay; Marcelo Eduardo Alos, Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina; Mabel Gisela Torres Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; y Bruno Prosdocimi Nunes, Coordinador General de Bioeconomía del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil.
La segunda plenaria, “Cambio Climático, Medioambiente y Bioeconomía post COVID-19”, tiene como expositores a Gabriel Blanco, Profesor en la Unicen de Argentina, y co-autor Grupo de trabajo III del 5to. y 6to Informe de Evaluación del IPCC; Hans van Meijl, Economista en el Centro de Investigación Económica Wageningen, Profesor de Evaluación Macroeconómica de la Bioeconomía Circular en la Universidad Wageningen, Países Bajos; Anthony Artuso, Académico del Centro de Estudios en Política Económica, University of Virginia; y María Michela Morese, Secretaria Ejecutiva, Asociación Global para la Bioenergía (GBEP), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Candice Wilson, Gerente de la Ethanol Trade Policy, U.S. Grains Council; Suani Teixeira Coelho, Coordinador, Grupo de investigación en Bioenergía (GBIO), IEE USP; Luis Zubizarreta, Presidente Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO); y Patrick Adam, Director Ejecutivo Cámara de Bioetanol de maíz, Argentina, fueron los expositores de la III plenaria: “El rol de la Bioenergía post COVID-19”.
La IV plenaria, “Los nuevos insumos biológicos: experiencias en gestión y desarrollo de bioinsumos”, contó con la intervención de German Ceizel Borella, Coordinador del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA), Argentina; Roberto Rapela, Presidente del Centro Académico de Ciencias Biológicas CABIO; Ricardo Yapur, Presidente de Rizobacter y Fabiola Moreno Martínez, Coordinadora del registro de Bioinsumos de Uso Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.
La conferencia finaliza con la plenaria” Bioeconomía para la recuperación económica post COVID-19”, cuyos expositores son David Zilberman, Profesor de la Universidad de California, Berkeley; Ariel Coremberg, Director del Centro de Estudios de la Productividad y Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Eduardo Trigo, Consultor del Departamento de Bioeconomía del IICA, Profesor del Centro de Agroindustria de la Universidad Austral, Argentina; Roberto Bisang, Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Rubén Echeverría, Director General Emérito, Alliance of Bioversity International y CIAT; y Máximo Torero, Economista, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
También participan Hugo Chavarría, Gerente del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del IICA, Agustín Torroba, Especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, y Kelly Witkowsky, Gerente del Programa de Cambio Climático y Recursos Naturales del Instituto.

Sobre el IICA
Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.

Santiago, 13 de octubre de 2020.- El trámite digital de “Autorización para internar mercaderías silvoagrícolas” acaba de ser puesto a disposición de los usuarios/as por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), siguiendo en el empeño por la digitalización comprometido para avanzar en la Transformación Digital del Estado.

A través de dicho trámite se podrá solicitar permiso de importación de productos de origen silvoagrícola que no se encuentran regulados o de aquellos que cumplan solo parcialmente con las regulaciones fitosanitarias de ingreso establecidas por el SAG, con el fin de evaluar su posible autorización. Esta solicitud la podrá realizar cualquier persona natural o jurídica, con residencia en el país, que desee importar especies de origen vegetal silvoagrícola.

Para ingresar al trámite se debe pinchar en http://www.sag.cl/tramites/tramites-sag contando con Clave Única (otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación), completando luego el formulario digital y cancelando el costo de la evaluación, que corresponde a 0,25 UTM.

En caso de acogerse la solicitud y dependiendo del tipo de producto que esté siendo evaluado, la respuesta al usuario/a se entregará en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha de ingreso de la solicitud.

Santiago, 8 de octubre de 2020.-Un llamado a informarse sobre la reducción del plazo para inscribir los semilleros de papa corriente hizo el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a los productores de este tubérculo en el país. Esto, tras la publicación de la resolución 6391/2020 en el Diario Oficial, que establece en 30 días desde la fecha de plantación el plazo para realizar la solicitud de inscripción del semillero respectivo ante el SAG, y no 60 días como se permitía previamente.

Esta es una de las obligaciones que deben cumplir quienes se encuentren inscritos en el Registro de Productores de Semilla Corriente de Papa. Una vez recibidos y analizados los antecedentes para la inscripción de sus semilleros, el SAG otorgará el correspondiente código de identificación, con el objeto de mantener la trazabilidad del insumo.

Teniendo en cuenta que la producción de semilla de papa sólo puede realizarse en las zonas que componen el Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa -que abarca desde la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío hasta la Región de Magallanes- es una manera más eficiente para que el SAG realice el control fitosanitario y programe las fiscalizaciones que verifiquen de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos que contiene la normativa vigente para el rubro. 

En el marco de la pandemia por Covid19, para facilitar ambos trámites, tanto el de inscripción en el registro de productores como el de solicitud de inscripción del semillero, ya no solo podrán hacerse en forma presencial en las oficinas del Servicio, sino que también se podrán gestionar online vía correo electrónico con el Encargado Regional de Semillas correspondiente.

Para conocer en detalle el paso a paso que deben seguir los productores de papa, se encuentra disponible en el sitio web del Servicio una guía que explica en forma sencilla las actividades a realizar durante la temporada 2020-2021. Se puede consultar en https://bit.ly/36ImTSO o ingresando a www.sag.cl, sección Semillas.

 Fuente: SAG