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Propiedad intelectual vegetal y el comercio ilegal de semillas: Los temas claves que marcan la agenda legislativa del sector de semillas

Actualmente los consumidores piden cada vez más información sobre los alimentos que consumen y la trazabilidad es una herramienta esencial para determinar qué ocurrió en cada punto de la cadena. Por ello resulta relevante informar de dónde vienen esos alimentos, en qué condiciones fueron producidos y cómo funcionan las regulaciones y el mercado en el que nacen.

En entrevista con Mundoagro, Mario Schindler, director ejecutivo de Asociación Nacional de Productores de Semillas,ANPROS, comentó que los temas esenciales de la asociación para este año están vinculados especialmente con la propiedad intelectual vegetal y el comercio ilegal de semillas. “Sin duda ambos temas son de una altísima relevancia, no solo para nuestro sector sino para toda la agricultura en Chile. Las nuevas variedades vegetales son la plataforma de la producción agrícola y la base de la seguridad alimentaria de nuestro planeta. El primer paso es generar una toma de conciencia entre todas las personas vinculadas al sector agrícola sobre la importancia del respeto a la propiedad intelectual vegetal y su relación con mantener un acceso fluido y permanente a las mejores variedades vegetales desarrolladas a nivel mundial. A la vez es importante estimular la investigación y desarrollo de nuevas variedades en nuestro país. Esto es crucial para mantener la competitividad de Chile”, agregó.

El ingeniero agrónomo y director de la International Seed Federation (ISF) indicó que en Chile existe un importante comercio ilegal de semillas. “Esto tiene un profundo efecto negativo porque los principales afectados son los propios agricultores, ya que al comprar semillas de origen desconocido quedan totalmente desprotegidos en cuanto a cualquier problema que puedan tener. Por el contrario, al utilizar semillas del mercado formal, de una procedencia comprobable, reciben un producto garantizado, que ha pasado por rigurosas pruebas de calidad y pureza, lo que asegura que esté libre de enfermedades, un buen rendimiento de los cultivos y muchas otras ventajas.

En resumen, cuando hablamos de comercio ilegal de semillas nos referimos a dos grandes factores. Por un lado, se vulneran los derechos del obtentor, especificados en la Ley 19.342 y también los aspectos relacionados a la comercialización y calidad de las semillas, regulados en la Ley 1.764. El desconocimiento en ambas legislaciones es enorme, por lo que es fundamental la toma de conciencia, no solo por parte de agricultores, sino también de autoridades”, indicó.

Respecto a cuáles son los principales temas de la industria en cuanto a la agenda legislativa, Schindler sostuvo que es muy amplia y no solo para el sector semillero sino para la agricultura en general. “Tenemos actualmente en trámite proyectos de ley vinculados al agua, al recurso suelo, que son muy importantes y de interés transversal con un importante impacto. Un proyecto importante para el sector semillero y hortícola fue el proyecto de ley de protección a turberas que, tras varias indicaciones y luego de tres años de discusión, se aprobó hace algún tiempo. La turba es un insumo esencial para la horticultura y la actividad semillera y el proyecto en sus inicios planteaba, entre otros aspectos, la prohibición de su importación, lo que habría generado un daño enorme a la agricultura. Afortunadamente y gracias al trabajo mancomunado de la coalición de gremios agroalimentarios, en el que en terreno se explicó a los legisladores la relevancia y uso de la turba, se logró un proyecto acorde a las necesidades del país”, señaló.

Sobre el convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el ejecutivo comentó que “es importante tener en foco que el objeto principal del convenio es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales en beneficio de la sociedad. Desde 1996 Chile está adherido a la versión del año 1978. Hoy el país está en proceso de adherir a la versión de UPOV 91, que, precisamente, provee más herramientas, para el control del comercio ilegal de semillas. Sin esta protección se produce un desincentivo a la investigación y se pone en riesgo la llegada de las nuevas variedades desde el exterior. Sin embargo, para poder adherir a UPOV 91, es necesario adecuar nuestra legislación y, desde el 2011 a la fecha, no ha existido voluntad política para avanzar en el tema. Siendo uno de nuestros principales puntos de interés legislativo, esperamos que en algún momento se reactive su discusión”.

Mejora continua

El sector de semillas de Chile está buscando de forma permanente mejorar los estándares. Según Schindler, “la alta calidad y confiabilidad es el sello de Chile en producción de semillas y como industria estamos permanentemente buscando mejorar nuestros estándares. No solo respecto de la semilla sino de todos los procesos asociados a su producción y exportación. Contamos con profesionales altamente calificados y entes reguladores que funcionan, lo que se traduce en la entrega a tiempo en los países de destino. Eso es lo que nos hace confiables como país. Mantener esta imagen y nuestro liderazgo en el hemisferio sur como productores en contrastación es uno de los principales focos de nuestra industria”.

El director ejecutivo de ANPROS se refirió además a los costos que enfrenta la agricultura y que hoy son una gran amenaza. “Por lo tanto, producir más con menos recursos y de manera sustentable es muy importante. La incorporación de tecnología juega un rol clave en esto. Nuestras empresas asociadas lo tienen claro y muchas de ellas están permanentemente incorporando nuevas tecnologías, fundamentalmente de riego y otras áreas. Eso es lo que les permite producir de manera más eficiente”, finalizó.

Revisa la noticia en el sitio web de MundoAgro aquí

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COALICIÓN DE GREMIOS AGROALIMENTARIOS SELLA ALIANZA CON PARLAMENTARIOS DE LA BANCADA DEL CAMPO EN POS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

“Concientizar” y “proteger” fueron las palabras claves del encuentro que reunió a la Coalición de Gremios Agroalimentarios y los parlamentarios de la Bancada del Campo, realizado el 14 de marzo en el Mercado El Cardonal de Valparaíso, cuyo objetivo fue relevar el hecho que los alimentos vienen del campo y que se requiere contar con una política pública robusta que resguarde la seguridad alimentaria de nuestro país.

“La Bancada del Campo se conforma con parlamentarios de diferentes colores políticos, pero con un solo objetivo: poder evidenciar y representar esta realidad que se vive en los sectores rurales y regiones, y ser una voz en el Congreso Nacional”, sentenció el diputado y presidente de la Bancada del Campo, Felipe Camaño (ind-DC). Por su parte, el diputado Benjamín Moreno (Republicanos) indicó que “hoy contamos con una vicepresidenta del Frente Amplio, un vicepresidente -que soy yo-, un vicepresidente del Partido Socialista y nuestro presidente que es de la Democracia Cristiana, mostrando así la transversalidad que tiene esta bancada.”

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Semilla, Ricardo Behn, aseguró que “esta es la segunda actividad que realizamos en conjunto y su balance es muy positivo, lo que nos tiene muy contentos. Gradualmente iremos organizando eventos para generar conciencia de cómo se producen los alimentos en Chile y quiénes son los actores que están involucrados en esto.”

“Nuestra intención es proveer antecedentes tanto técnicos como prácticos de buenas prácticas agrícolas y también de logística para que las políticas públicas que ellos elaboren tengan sentido, sean pertinentes, sean fiscalizables y se puedan cumplir por nosotros que somos los regulados”, afirmó el gerente de Chilealimentos, Moisés Leiva. Mientras que Maritrini Lapuente, Directora Ejecutiva de Viveros de Chile, indicó que “como gremio queremos visibilizar ante la opinión pública y parlamentarios que los alimentos vienen del campo y que estamos trabajando para resguardar la seguridad alimentaria, de tal modo que tengamos suficientes alimentos disponibles para la población y a un valor razonable”.  

En el caso de Cristián Muñoz, presidente de HORTACH, la oportunidad de dialogar directamente con los parlamentarios y en especial con el diputado Felipe Camaño, jefe de la banca, “es un privilegio, pues nos permite transmitir directamente las necesidades del sector. En esta ocasión le hemos solicitado generar una instancia en que la televisión estatal cumpla su rol educacional, y realice una divulgación de la forma en que se realiza la agricultura y se producen los alimentos en el campo chileno”. Asimismo, Rodrigo Lavín, director ejecutivo de ADIAC, destacó que “aplaudimos la creación de esta iniciativa en la cámara baja, la que ayudará a visualizar la relevancia de la agricultura para algo tan sencillo como tener alimentos sobre la mesa. Para este fin siempre estaremos disponibles a cooperar desde la experiencia y conocimiento técnico de la cadena productiva”.

Los parlamentarios coincidieron en que la agricultura es un motor del país y tal como sostuvo el diputado independiente, Johannes Kaiser, “dentro de nuestros compromisos está el impedir iniciativas legales que sean nocivas para la agricultura y diseñar políticas que podamos implementar y vayan de la mano de regular al sector agrícola”.

En la misma línea, la legisladora del Maule Paula Labra (ind-RN) afirmó que “el campo alimenta a Chile” y que ella, desde su rol como integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara está empeñada en “darle mayor énfasis a la vida rural y por supuesto preocuparnos de ayudar a nuestros agricultores y la seguridad agroalimentaria en nuestro país”.

Participaron de la actividad los diputados Héctor Barría (DC), Cosme Mellado (PR), Hotuiti Teao (ind-Evópoli), Felipe Camaño (ind-DC), Benjamín Moreno (Republicanos), Johannes Kaiser (ind), Paula Labra (ind-RN), Francisco Pulgar (ind-PDG), Felipe Donoso (UDI) y Joanna Pérez (independiente). Cabe recordar que la Coalición Agroalimentaria de Chile está integrada por la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas (Anpros); AGV Asociación de Viveros de Chile para especies hortícolas, frutícolas y ornamentales (AGV); Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile (Hortach); Asociación Gremial de Distribuidores de Insumos Agrícolas de Chile (ADIAC); Asociación de Productores-Exportadores de Bulbos de Flores de Chile (APEB) y Chilealimentos, que es la Asociación Gremial de alimentos elaborados.

 

MSTRIB

Productores de semillas cuestionan borrador de nueva Constitución

El bloqueo al acceso de tecnologías planteado al no permitir el uso de semillas patentadas impediría contar con herramientas para hacer frente a las condiciones del medioambiente.
 
Un vocero del gremio de productores de semillas de Chile dijo que las normas aprobadas en la Convención Constituyente, referidas a seguridad alimentaria, uso de aguas y restitución de tierras no permitirían que el país avanzara en materia agrícola, en momentos en que las semillas resistentes al cambio climático son necesarias para mantener los resultados de los predios agrícolas.
 

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), Mario Schindler, dijo en conversación con diario La Tribuna que ‘muchos artículos fueron propuestos y discutidos por algunos convencionales, cinco comisiones distintas propusieron diferentes artículos, todos negativos, no solo para la industria semillera, sino que para la agricultura’. Schindler explicó que ‘se ha planteado transferir la responsabilidad de esta soberanía alimentaria, solamente a los pequeños agricultores y utilizando lo que llaman variedades ancestrales’. El dirigente gremial consideró que lo anterior ‘desde nuestro punto de vista es poco realista y demuestra un desconocimiento profundo de la realidad de la agricultura de Chile, el cargarle a los pequeños agricultores y a las variedades ancestrales la responsabilidad de alimentar a Chile’. ‘En Chile, todos los agricultores que forman parte de nuestra realidad rural y todas las semillas, ya sean las agrícolas responsables de la gran mayoría de la alimentación de Chile o las que se usan en la agricultura ancestral son importantes’, indicó el vocero de Anpros.

SOLUCIONES AGRÍCOLAS RETROCEDERÁN DE APROBARSE EL TEXTO

Mario Schindler consideró que ‘tecnologías como los transgénicos no se pueden prohibir por Constitución, para eso están los legisladores, pero prohibir tecnologías que se están usando en muchos países y que son variedades capaces de combatir el cambio climático nos parece poco razonable’.

Sobre el derogar la propiedad intelectual sobre las semillas de uso agrícola, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas agregó que dicha medida planteada en el texto ‘sería cerrarle la puerta a la mejora genética de variedades que solucionen los desafíos de la agricultura actual, con el desplazamiento de las fronteras agrícolas, nuevas plagas y el esfuerzo de producir más alimentos para una población creciente con menos recursos y menos agua’. ‘Nosotros expusimos nuestros temas de manera clara y transparente en la Convención, en diferentes instancias y actualmente no tenemos ningún problema con los artículos que quedaron en el texto’, dijo el vocero de Anpros. Schindler criticó, a pesar de lo anterior, que ‘en las normas transitorias se están tratando de meter, de manera irregular, todos los conceptos que fueron rechazados en su momento por la propia convención y eso nos parece inaceptable’.

‘Prohibir semilleros transgénicos o el registro de vegetales es prohibir todo tipo de propiedad intelectual en Chile y es lo peor que puede hacer un país que quiere progresar en agricultura’, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

El director ejecutivo de Anpros expresó también su preocupación sobre ‘la expropiación de los derechos de agua a los agricultores que los tengan actualmente y una administración de una Junta Nacional o Agencia Nacional de Aguas que genera una incertidumbre mayor respecto a lo que va a pasar con este recurso’. ‘Sin agua no hay alimentos y afecta de manera transversal a toda la agricultura y sociedad, tampoco sabemos qué pasara con las tierras con todos los artículos vinculados a la restitución de tierras, expresó Mario Schindler. El vocero de los productores de semillas indicó que estas condiciones ‘van en contra de la iniciativa privada y si sumamos todos estos elementos se ve que conspiran en contra de la producción, la generación de empleos, las exportaciones y la producción de alimentos para la población’.

CONSIDERAN QUE PROYECTO CONSTITUCIONAL PROHÍBE EL PROGRESO

‘La sinergia negativa de todos estos factores empeoran el panorama. Por lo demás una Constitución no puede bloquear el acceso a tecnologías que el día de mañana pueden ser la solución para resolver ciertos problemas’, expuso Schindler. El dirigente de Anpros aclaró que ‘para eso existe un poder legislativo que legislará como corresponda para regular el uso de determinadas tecnologías, sin negar el acceso a esta, cosa que nos parece de la máxima gravedad’.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas explicó que ‘si algún día existe un trigo con mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, que sea transgénico, obviamente será una tecnología importante que podría resolver problemas importantes de productividad de alimentos en Chile’. ‘Estas tecnologías no solo responden al cambio climático, sino que a diferentes desafíos de la producción hoy, y si se bloquea el acceso a tecnologías y a recursos que nos permitan producir, desde la constitución el resultado de eso no puede ser otro que algo muy negativo y el retroceso peligroso en el bienestar de sus ciudadanos’, declaró el dirigente del gremio.

Fuente: Diario La Tribuna -utor: Jorge Guzmán B.-

Mario Schindler: "Para producir más con menos el mejoramiento de semillas es fundamental"

Mario Schindler: “Para producir más con menos el mejoramiento de semillas es fundamental”

Apenas una semana después de haber sido designado como futuro ministro de Agricultura, en ANPROS tuvimos la oportunidad de conversar directamente con Esteban Valenzuela, y agradecemos la disposición que tuvo para reunirse con nosotros, tan pronto, en un webinar. Junto a él y diversos representantes del mundo rural, pudimos revisar los desafíos del sector a […]

penas una semana después de haber sido designado como futuro ministro de Agricultura, en ANPROS tuvimos la oportunidad de conversar directamente con Esteban Valenzuela, y agradecemos la disposición que tuvo para reunirse con nosotros, tan pronto, en un webinar. Junto a él y diversos representantes del mundo rural, pudimos revisar los desafíos del sector a partir de marzo.

No le escondimos nada. Le dijimos abiertamente que los productores de semillas, origen de al menos el 98% de los alimentos que se producen en el país, estamos profundamente preocupados por el futuro no sólo de nuestro sector, sino de la agricultura en general.

El origen de esta preocupación es evidente. En los últimos días, la Convención Constitucional ha aprobado una serie de normas que son francamente perjudiciales para el desarrollo de la actividad semillera y para la producción de alimentos. De prosperar estas propuestas, las más afectadas serán las personas, las familias y las comunidades, que se encontrarán con alimentos más escasos, menos diversos, de menor calidad nutricional y derechamente más caros, al provenir de cultivos más propensos a enfermedades y al cambio climático.

Desde nuestra mirada, las normas 113-5 sobre soberanía alimentaria y la 521-5, que garantiza la protección de las semillas como patrimonio natural vivo, ambas aprobadas en general en la Comisión de Medio Ambiente, generan al menos cinco graves riesgos para el derecho a la alimentación.

El primero es establecer que solo campesinos, recolectores artesanales y los pertenecientes a pueblos originarios serán los “actores esenciales” de la producción de alimentos en el país, dejando fuera de esta categoría a cientos de miles de agricultores del país que contabilizó el Censo 2007. Un impacto directo en la producción de alimentos, el empleo y la forma de vida de miles de familias.

Un segundo riesgo es definir que el objetivo de la agricultura será “la producción de alimentos para el consumo interno”. Esta restricción implica alejarse radicalmente de lo señalado por organismos internacionales como la FAO, que apuntan al derecho de las personas a acceder a una alimentación segura, nutritiva y en cantidad suficiente, para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias. Esto implica, necesariamente, una política de fronteras abiertas, donde el intercambio comercial es crucial para abordar estas necesidades y los desafíos que la crisis climática plantea a nivel global.

Mario Schindler: "Para producir más con menos el mejoramiento de semillas es fundamental"

En tercer lugar, está el transformar todas las semillas en patrimonio común, poniendo fin a la propiedad privada y a cualquier forma de propiedad intelectual, lo que elimina cualquier incentivo para desarrollar nuevas variedades en Chile y limita el acceso a las mejores variedades desarrolladas en todo el mundo.

La tarea hoy es producir más con menos y el mejoramiento vegetal es fundamental para el desarrollo permanente de cultivos con mayor rendimiento, que se adapten a la crisis climática y que resistan enfermedades y plagas. Un ejemplo claro es el del trigo, que con 220 mil hectáreas cuenta con la mayor área de cultivos en Chile: en 1980 tenía un rendimiento de 1.700 kilogramos por hectárea y hoy de 6.200 kilogramos.

Un cuarto riesgo es doble, al entregar al Estado el control total de las técnicas de fitomejoramiento y al cerrar constitucionalmente las fronteras a la importación de avances tecnológicos en materia alimentaria. La revolución del conocimiento y los cambios que está experimentando la producción de alimentos en todo el mundo, a través del desarrollo tecnológico, son quizás la mayor esperanza para garantizar que las naciones del planeta podrán derrotar el hambre, incluso en un contexto de crisis climática.

Por último, propuestas como las de establecer “un mínimo de al menos doce kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias”, obviando incluso esta última cuestionable definición, hace prácticamente imposible la agricultura, fruticultura, ganadería y otras formas de producción de alimentos en el país, pues todas ellas, de una u otra forma, utilizan fertilizantes, productos fitosanitarios y muchos otros productos.

Los riesgos no son sentencias, es cierto, y aún restan algunas semanas de debate en la Convención Constitucional. Sin embargo, creemos que es urgente que las palabras del futuro ministro Esteban Valenzuela, al señalarnos que él apostará por una agricultura del “y”, en que es posible la coexistencia entre las diversas formas de desarrollo, ancestrales y modernas, sean lo suficientemente potentes para equilibrar el debate en su tramo final. Para eso será fundamental también que se concrete pronto su anuncio de una nueva convocatoria a una mesa de semillas, que permita, tal como en el pasado reciente, en gobiernos de diverso color político, un diálogo técnico, reposado y con cable a tierra con el mundo rural.

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El Derecho a la Alimentación en riesgo: Cinco razones

En los últimos días, la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional ha aprobado una serie de normas que apuntan a la agricultura, directa o indirectamente, abordando materias como el derecho de propiedad, acceso al agua, modelo económico, etc.

 Dos de estas normas son directamente perjudiciales para el desarrollo de la actividad semillera y para la producción de alimentos:

  1. 113-5 Sobre Soberanía Alimentaria.
  2. 521-5 Sobre la protección de las semillas como patrimonio natural vivo y que incorpora la figura del guardador/guardadora, curador/curadora de semillas.

De prosperar estas normas, las más perjudicadas, además de la agricultura en general, serán las personas, la ciudadanía, pues sus consecuencias serán alimentos más escasos, menos diversos, de menor calidad nutricional, con cultivos más propensos a enfermedades y al cambio climático, y por consiguiente alimentos más caros.

¿POR QUÉ? CINCO RAZONES POR LAS QUE SON UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:

  1. UNA AGRICULTURA SIN AGRICULTORES.

 El artículo 2 de la Norma 113-5 establece que sólo los agricultores artesanales y los pertenecientes a pueblos originarios serán los “actores esenciales” de la producción de alimentos en el país. Ellos serán reconocidos por el Estado a la hora de generar apoyos, regulaciones y acceso a tecnología. Por el contrario, todos los demás productores, gran parte de los 300 mil agricultores del país que contabilizó el Censo 2007, serán por definición “no esenciales”.

Excluir arbitrariamente a un grupo mayoritario de actores del mundo rural tendría gravísimas consecuencias para la seguridad alimentaria del país y el empleo, no sólo por el golpe dramático que se daría a la fuerza productiva, sino también por borrar del mapa a cerca del 97% de la superficie cultivable del territorio nacional.

 

  1. CIERRE DE FRONTERAS AL LIBRE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS.

 El primer inciso de la norma 113-5 define que el país deberá pasar a una etapa en que el objetivo de la agricultura es “la producción de alimentos para el consumo interno”, como parte esencial de la “soberanía alimentaria”.

Pese a que es un artículo que puede parecer benigno, implica un desastroso escenario, pues se aleja diametralmente de los objetivos diseñados por los organismos internacionales, como la FAO, en que se apunta que la meta de los países debe ser la seguridad alimentaria: El derecho de las personas a acceder a una alimentación segura, nutritiva y en cantidad suficiente, para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, permitiéndoles una vida activa y saludable.

En un mundo globalizado, con desafíos comunes y en que la crisis climática afecta a cada rincón del planeta, es indudable que esa seguridad alimentaria plantea una interdependencia, en que las fronteras abiertas y el intercambio comercial entre los países son también fundamentales para la seguridad alimentaria. 

 

  1. FIN AL MEJORAMIENTO DE SEMILLAS.

 Transformar a todas las semillas en patrimonio común, poniendo fin a la propiedad intelectual que implica su mejoramiento, es la principal amenaza a la seguridad alimentaria del país, pues se eliminará un incentivo fundamental para el desarrollo permanente de cultivos con mayor rendimiento, que se adaptan a la crisis climática y que resisten enfermedades y plagas. Eliminar esta tarea como una actividad comercial, sólo perjudicará a la ciudadanía.

El artículo 11 de la norma 113-5 señala que “el Estado protegerá y reconocerá como patrimonio inapropiable de los pueblos, las semillas y todo material de propagación, ya que su existencia y diversidad son la base de la alimentación del país” y que “queda prohibida cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas”.

En la misma dirección apunta el artículo 1 de la norma 521-5, que señala que “el Estado de Chile reconoce la semilla libre de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones y privatizaciones o patentaciones”.

No son las semillas lo que se expropia, sino que el trabajo de los productores de semillas para poder mejorarlas, a través del fitomejoramiento, para hacerlas más resistentes a enfermedades o plagas, adaptarlas al cambio climático, a la crisis hídrica y mejorar su rendimiento. Por ejemplo, el trigo, que con 220 mil hectáreas es el que cuenta con la mayor área de cultivos en Chile, en 1980 tenía un rendimiento de 1.700 Kg por hectárea y hoy es de 6.200 Kg por hectárea.

 

  1. APAGÓN TECNOLÓGICO EN EL SIGLO 21.

 La revolución del conocimiento y los cambios que está experimentando la producción de alimentos en todo el mundo, a través del desarrollo tecnológico, son quizás la mayor esperanza para garantizar que las naciones del planeta podrán derrotar el hambre, incluso en un contexto de crisis climática, de responsabilidad de la propia humanidad.

Pues bien, una serie de medidas incluidas en las normas 113-5 y 521-5 apuntan en la dirección contraria: Control del Estado a las técnicas de fitomejoramiento y el cierre de fronteras con sello constitucional a la importación de avances tecnológicos en materia alimentaria.

La regulación en base al miedo, a los temores, sólo perjudicará a la ciudadanía.

Por el contrario, el Estado debería promover la coexistencia, en que garantiza la preservación de las variedades ancestrales de semillas, como una forma de proteger un patrimonio cultural e histórico del país, y al mismo tiempo velar por potenciar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el acceso a todos los insumos productivos que permitan, de manera sustentable, respetuosa del medioambiente y en coexistencia con los saberes y métodos ancestrales de producción, garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes del país.

 

  1. EL EXILIO TERRITORIAL DE LA AGRICULTURA MODERNA.

 El inciso segundo del artículo 3 de la norma 521-5 señala que “se establecerá un mínimo de al menos doce kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias”.

Esta norma hace prácticamente impracticable la agricultura, fruticultura, ganadería y otras formas de producción de alimentos en el país, pues todas ellas, de una u otra forma, utilizan fertilizantes, productos fitosanitarios y muchos otros estimulantes foliares, de origen químico sintético. Si se pusiera en práctica esta nueva geografía agrícola, el suelo cultivable con técnicas modernas de producción pasaría a ser cercano a cero. Sería exiliar a los agricultores, criminalizar la actividad y ponerles un cartel de indeseables.

Por el contrario, el Estado debe asegurar la seguridad sanitaria de los habitantes del país, garantizando que esa producción cumple con todas las medidas de seguridad para la población, los trabajadores y el consumidor, incluyendo los cultivos con semillas de variedades tradicionales, que también utilizan productos controladores de plagas, como las larvas de polillas en Arica.

NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE FORTALECER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Es necesario poner una voz de alerta, de atención. Chile necesita una agricultura capaz de sortear los desafíos del siglo 21 y seguir aportando a al desarrollo del país, a la alimentación de sus habitantes y especialmente dar un impulso al mundo rural. No desperdiciemos la oportunidad de sentar las bases del desarrollo de la agricultura, la protección del medio ambiente y los ecosistemas, así como del rescate a nuestro patrimonio fitogenético, a través de una Constitución que lo reconoce, lo potencia y entrega una hoja de ruta para su protección. Chile se lo merece.

Iniciativa de Norma Constitucional arriesga la producción de alimentos, según productores

La medida apunta a que los pequeños y medianos agricultores nacionales entreguen la seguridad alimentaria al país, desincentivando a los grandes productores, argumentan representantes del agro.

 

 

 

Dirigentes de gremios agrícolas dijeron que el proyecto presentado por la Convención Constituyente, que eliminaría la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas cambiaría la forma de hacer agricultura como se conoce hoy y que arriesgaría la seguridad alimentaria nacional, además del modelo económico que ha permitido el desarrollo de la industria en el país.  

El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros), Mario Schindler, dijo a diario La Tribuna que “las normas como están presentadas y como están escritas destruyen la actividad semillera en Chile y la semilla es el insumo más importante y el primer insumo de la cadena de valor de producción agrícola, se requiere en todos los cultivos anuales, se requiere en las hortalizas y praderas, por lo que al destruir la actividad semillera en Chile también se impacta la actividad agrícola y agropecuaria chilena en general”. Además de lo anterior, Schindler dijo la norma “pone como eje central de la soberanía alimentaria a campesinos, pescadores y recolectores artesanales entre otros, dejando fuera a un porcentaje muy alto de los agricultores chilenos y un porcentaje muy alto de la superficie agrícola chilena, desconociendo la importancia de los pequeños y medianos agricultores nacionales, que están enlazados en cadenas productivas con la agroindustria y que son parte importante de la seguridad alimentaria en Chile y que no estarían considerados en esta norma, por lo que estarían excluidos de los beneficios tributarios, de subsidios, desarrollos tecnológicos y de investigación, dejando a su vez en los hombros de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar campesina, la pesada carga de generar los alimentos que necesitamos todos los chilenos”.

MEDIDA DESINCENTIVARÍA LA AGRICULTURA NACIONAL

Schindler agregó que la iniciativa “afecta a toda la cadena de valores, partiendo por los agricultores, que lograron tener alrededor de 60 mil hectáreas de semillas para semilleros en Chile, con una generación de 70 mil puestos de trabajo directos y otros muchos miles de trabajos indirectos en una agricultura como lo es la de semilla, con contratos, asistencia técnica permanente y financiamiento, características que le agregan valor a esta alternativa de producción agrícola chilena, que desaparecería, porque de acuerdo a las nuevas normas, sería el Estado el que se haría cargo de los modelos productivos, estableciendo qué se produce, dónde y cómo, estableciendo además los modelos de comercialización y con una intervención del Estado en la fijación de precios, desincentivando la inversión y arriesgando hacer desaparecer la propiedad intelectual, que es la base del estímulo a la inversión, tanto por parte de investigadores chilenos y fitomejoradores extranjeros que han permitido que la población chilena tenga acceso a una buena alimentación, cosa que nos parece injusta y riesgosa”.

El director ejecutivo de Chilebio, asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola que se dedican al desarrollo, producción y comercialización de productos basados en la mejora genética de semillas, Miguel Ángel Sánchez, dijo a diario La Tribuna que “esta es una iniciativa disruptiva para la agricultura chilena, que propone cambiar la forma de hacer agricultura en el país, privilegiando a los pequeños agricultores bajo el supuesto de que la mayor cantidad de alimentos los producen ellos, lo cual no es real, y establece que será el Estado el que defina qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, definiendo el Estado también el precio de los alimentos quitándoles la libertad a nuestros productores de decidir qué producir, según sus preferencias para conseguir un mayor bienestar social y económico, poniendo en riesgo además los productos que nuestro país comercializa al extranjero como nuestros vinos, semillas y fruta fresca”.

IPN CONSEGUIRÍA EL EFECTO CONTRARIO AL QUE BUSCA PARA EL PAÍS     

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, dijo a diario La Tribuna que “esta iniciativa es totalmente absurda, ya que significaría destruir a nuestra agricultura y consiguientemente, generaría una tremenda escasez de alimentos de producción nacional, esto porque la economía silvoagropecuaria, para avanzar en un desarrollo sostenible, depende de las exportaciones para que los productores puedan tener espacios para crecer y así rentabilizar sus operaciones. Hoy no se puede entender el desarrollo humano y su mayor bienestar, aislando a los países de las otras naciones, ya que esas experiencias en el pasado, sólo lograron empobrecer a las naciones e hicieron sufrir incluso de hambre a gran parte de su población. Una iniciativa como esta, además inhibiría el desarrollo tecnológico y los necesarios mejoramientos genéticos de nuevas variedades de semillas, impidiendo, por ejemplo,  adaptar los futuros cultivos a las nuevas condiciones que está generando el cambio climático”. A lo anterior, el vocero de Socabio agregó que “no puedo entender que exista una propuesta de esta naturaleza y la única explicación posible es que nace desde una ignorancia supina, ya que demuestra ir exactamente en el sentido contrario a lo que precisamente pretende conseguir, que es asegurar la alimentación de todos los chilenos. Igualmente, pretender iniciar una dinámica de regulación de los precios, lo único que lograría sería generar severas distorsiones, incluso con el riesgo de agudos desabastecimientos de alimentos, mercado negro y otros desastres, tal como ocurre en Cuba o Venezuela”.

Fuente: La Tribuna

Gremio de semilleros expresa preocupación por propuesta constitucional

Tras la aprobación este pasado martes de la norma que reconoce la semilla como patrimonio cultural, el director ejecutivo del gremio advierte que esta norma, además de otros artículos aprobados en Comisión de Medio Ambiente hacen que “desaparezca la propiedad intelectual, por lo que no hay ningún incentivo para que profesionales chilenos se dediquen a la investigación, al desarrollo de nuevas variedades o procesos”.

Miguel Patiño

Una dura respuesta emitió el gremio Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) ante un conjunto de propuestas aprobada este martes en el seno de una comisión de la Convención Constitucional.  «Con las normas que se están hasta el momento aprobando, la actividad semillera en Chile no tiene sustento, no es viable, y por lo tanto la producción de cultivos no es viable», señaló Mario Schindler, director ejecutivo de la organización que reúne a las empresas especializadas en el desarrollo y distribución de semillas.

La declaración fue gatillada luego de que este martes, la Comisión 5 de medioambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico del órgano redactor aprobara con 10 votos a favor y 9 en contra el artículo 1, que señala: “El Estado de Chile reconoce la semilla libre de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones, privatizaciones o patentaciones”.

Gloria Alvarado, convencional (D16) que votó a favor de esta propuesta, señaló a Redagricola que “reconocer a la semilla como patrimonio natural de nuestro país es un avance pues proteger y valorar nuestra biodiversidad es esencial ante el escenario de crisis climática, junto al resguardo del agua por supuesto, como bien común esencial para la vida y los ecosistemas”.

Alvarado agregó que están votando en general distintas propuestas de norma, donde destaca además aquella que incorpora la figura del guardador o curador de semillas, que en particular fue aprobada por 14 votos a favor, 3 abstenciones y uno en contra. “Esta es una más de las normas que se están debatiendo sobre este tema y ahora queda abierta a recibir indicaciones para ser mejorada y que pueda ir a votación al Pleno con un apoyo amplio para lograr la votación por 2/3”.

No obstante, el artículo generó crítica, lo que se suma a la polémica norma sobre soberanía alimentaria votada la semana pasada en la misma comisión. Schindler, de Anpros, señaló a Redagrícola que “estas normas lo que están haciendo es matar a la agricultura. El mensaje tiene que ser súper claro y nosotros como gremio lo estamos mirando de esa manera, aquí se destruye la actividad agrícola en Chile”.

El vocero del gremio semillero explica que si bien lo ideal sería que se respetara y hubiera un acuerdo en que el artículo 1 aprobado está referido a las variedades ancestrales, donde están a favor que quede consagrado su protección y fomento, sí creen que esto es más bien materia de ley porque “son demasiado específicas para ser normas constitucionales, y si es así nos vamos a llenar de normas”.

Sin embargo, la posibilidad de cerrar el desarrollo o trabajo genético a nuevas posibilidades es donde recaen las críticas.

“Si no tenemos semillas, que es lo más probable con las normas que se están hasta el momento aprobando, la actividad semillera en Chile no tiene sustento, no es viable, y por lo tanto la producción de cultivos no es viable, la producción de praderas no es viable y eso continúa con la producción de carnes y de leches que no sería viable; la producción de hortalizas no sería viable”, señala Schindler.

Desde el gremio señalan además que tanto las normas de soberanía alimentaria como las referidas a semillas, implican que Chile “dejará su alimentación a cargo de lo que puedan hacer los pequeños agricultores, por lo tanto junto con reflejar un profundo desconocimiento de lo que es el agro en Chile, esto significará una carga muy pesada sobre los hombros de los agricultores”.

Respecto al desarrollo de tecnologías o modificaciones que podrían ayudar a generar cultivos resistentes a sequías o diferentes condiciones adversas, Schindler añade que “no puede quedar establecido en la constitución un bloqueo permanente el acceso a determinadas tecnologías que pueden dar solución al cambio climático o a la sequía que lleva más de 10 años y es más bien una crisis estructural”.

“Si tú bloqueas el acceso a tecnologías como por ejemplo las que te permiten tener maíz resistente a la sequía, que ya es una realidad por ejemplo en Argentina, estarías bloqueado a la agricultura chilena de la posibilidad de enfrentar flagelos que produce el cambio climático y la disponibilidad de agua, sentencia el director ejecutivo de Anpros.

Cabe destacar además que la actividad semillera en Chile, de acuerdo a datos del gremio semillero, representa en el país cerca de 60 mil hectáreas de semilleros (cifras de 2013), y que generan una ocupación cercana a 70 mil personas en empleos directos en su momento alto de la temporada, sin contar los empleos indirectos (como fletes u otros trabajos relacionados).

PROPIEDAD INTELECTUAL

Otro de los artículos, quizás el más polémico de los discutidos ayer en la Convención, es el Artículo 4, que indica:

“La semilla establecida en los términos del artículo 1 solo podrán ser comercializadas en los términos que señale una ley especial, esta ley establecerá criterios preferentes para los productores de pequeña y mediana escala que utilicen técnicas tradicionales y con tratamiento agroecológico, limpias de sustancias sintéticas, y penalizará la modificación molecular de sus estructuras genéticas e hibridación que las dejen estériles o causen modificaciones que altere su fisonomía o calidad nutricional”.

Al respecto, Mario Schindler señala que con estos artículos “desaparece la propiedad intelectual y por lo tanto no hay ningún incentivo para que profesionales chilenos se dediquen a la investigación, al desarrollo de nuevas variedades, procesos, etc; y por otro lado, Chile de esta forma cierra el acceso a variedades internacionales que han estado por mucho tiempo y que han sido la base del desarrollo de la agricultura y particularmente de la fruticultura en Chile”.

Frente a posibilidad de aprobación de estas normas en el pleno, donde requieren dos tercios (104 votos) para ser aprobadas en general, Schindler comenta: “Espero que haya un tercio más uno de los convencionales que puedan tener el sentido común y entiendan lo riesgoso de aprobar normas como estas, sobre todo por las consecuencias que traería para Chile aprobar normas como estas”.

“Como gremio semillero hemos tenido reuniones con convencionales y nuestro mensaje principal es el de la coexistencia, aquí la semilla ancestral, la semilla agrícola, la semilla mejorada, todas responden a una misma necesidad en nuestro país, de que crezca nuestra agricultura y que nuestra sociedad esté bien abastecida de alimentos”.

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Productores de semillas alertan sobre efectos de iniciativa constituyente en seguridad alimentaria

Anpros, gremio que los agrupa, advierte que la norma que entre otras cosas radica en el Estado el mejoramiento genético de variedades vegetales; prohíbe la producción e importación de transgénicos y establece la regulación de precios de alimentos, tendría un efecto dominó devastador en distintas actividades.

Alarma sobre las “nefastas consecuencias para la seguridad alimentaria del país” derivadas de la iniciativa de norma constituyente que “Reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” (N°113-5), aprobada en general el 25 de enero en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, levantó la Asociación Nacional de Productores de Semilla (Anpros). Dicha iniciativa propendería a eliminar la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas; regular precios de alimentos; que la producción de estos se destine solo al consumo interno; y a invalidar tratados internacionales que no estén en esta línea.

“Esta norma destruye la base de la producción de alimentos en Chile al arrasar con la actividad semillera, que genera cerca de 68.000 puestos de trabajo de forma directa y unos 5.700 indirectos y genera US$ 346 millones en exportaciones”, asevera Mario Schindler, director ejecutivo del gremio. Explica que los artículos más complejos en términos de consecuencias son el 11 y 12. El primero por cuanto establece que el Estado protegerá como patrimonio inapropiable de los pueblos las semillas y todo material vegetal de propagación; prohíbe cualquier forma de privatización de estos y radica en el Estado el mejoramiento genético, para que sus avances sean de dominio público. También prohíbe la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos. Mientras el segundo artículo, prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla.

Estas disposiciones generan incertidumbre sobre el futuro de la comercialización, investigación y distribución de semillas: “En Chile no hay limitaciones para comprar y usar las semillas disponibles en el mercado: tradicionales o ancestrales, de dominio público y las agrícolas licenciadas que son las que usa el 98% de los agricultores por rendimiento, resistencia a enfermedades, adaptación al cambio climático y preferencia de los consumidores. Nosotros ofrecemos semilla de alta calidad certificada por el SAG; pero con las condiciones aquí enunciadas ya no podrían importarse ni producirse”.

A su juicio, esta norma sugiere un conflicto inexistente entre variedades fitomejoradas y tradicionales o ancestrales, usadas por pueblos originarios y pequeños agricultores en zonas agroecológicas específicas, cuyos derechos e intereses se busca cautelar, porque estarían siendo comprometidos por la industria semillera: “Llevamos décadas de coexistencia entre variedades tradicionales y agrícolas porque ocupamos nichos distintos. Necesitamos ambos tipos de semilla y no podemos excluir a la que sustenta un porcentaje muy mayoritario de la alimentación”.

Ricardo Behn, primer vicepresidente de Anpros y gerente de semillas de Anasac, destaca que como gremio han trabajado con varias administraciones del Ministerio de Agricultura para desarrollar un borrador de proyecto de ley donde se asegure que las variedades ancestrales no puedan ser apropiadas por nadie. Dice que las normas vigentes han funcionado bien y que en Chile hoy no se siembran transgénicos para cosecha interna, sino para exportar esas semillas: “Esta tecnología avanza a pasos agigantados en el mundo. Argentina acaba de desarrollar un trigo resistente a la sequía, que tendría gran impacto en nuestra agricultura dada la crisis hídrica. Prohibir una tecnología constitucionalmente nos condena al subdesarrollo al no acceder a las ventajas que pueda ofrecer a futuro”.

Asegura que además de cumplir con los resguardos del patrimonio fitosanitario nacional, las empresas comprueban que las variedades que se internan funcionen bien en las distintas localidades donde se cultivan esas especies antes de venderlas, con ensayos que toman dos a tres años. Y enfatizan en el rol de las semillas fitomejoradas en el rendimiento de cultivos: “El trigo, nuestro principal cultivo en superficie, en 1980 tenía un rendimiento de 17 quintales por hectárea y hoy llega 62 promedio nacional, aunque hay agricultores que llegan a cien quintales”.

Con menos superficie agrícola disponible por habitante y escasez de agua, producir más con menos es uno los grandes desafíos. Schindler grafica: “En 1980 había 11,5 millones de habitantes en el país y 1,2 millón de hectáreas dedicadas a cultivos anuales. Hoy tenemos casi el doble de la población y la superficie cultivable bajó a la mitad. De ahí la importancia de acceder a semillas mejoradas”.

Ambos ejecutivos destacan que la norma que se discute en la Convención Constituyente no sólo apunta en la dirección contraria al concepto de “Chile Potencia Agroalimentaria”, sino que de la innovación como motor de desarrollo. Y que puede tener la mejor de las intenciones, pero no se han medido sus consecuencias en la práctica.

Schindler hace hincapié en que el mejoramiento de semillas existe hace miles de años y hay técnicas que van desde la selección masal y el cruzamiento de variedades, hasta las transgénicas. “El recambio varietal es permanente porque las empresas siempre están mejorando parámetros productivos, nutritivos u organolépticos y resistencia enfermedades e insectos. De lo contrario, habría que aumentar el uso de agroquímicos”, dice Behn.

Respecto a los ruidos de privatización, destacan que La Ley de Propiedad Industrial chilena no permite patentar variedades vegetales. A nivel mundial lo que opera es el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que fomenta el fitomejoramiento mediante un derecho de propiedad intelectual para los obtentores, que dura entre 15 y 18 años.

Anpros agrupa a 73 empresas que representan 98% de la actividad semillera nacional; 48 son locales y 25 extranjeras (entre ellas Sumitomo Chemical, Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer); 28 son grandes, 21 medianas, 13 pequeñas y 11 microempresas. El 69% de los multiplicadores de semillas que trabajan con ellas poseen menos de 12 hectáreas de riego básico.

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Nuevo ministro de Agricultura dará prioridad a acuerdos y es probable convocar a una mesa de semillas

Este miércoles 2 de febrero se realizó un webinar organizado por la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) con el fin de discutir y analizar el panorama actual del sector productivo, en el marco del debate constitucional. En ese contexto, los organizadores agradecieron la presencia del futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien accedió a la invitación para participar del encuentro.

A la reunión asistieron representantes de todo el espectro del mundo rural, dirigentes, agricultores, campesinos y gremios de diferentes rubros del país. En esta instancia, participaron Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, y el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Entre las materias analizadas en el evento estuvo la propuesta de norma constitucional número 113-5, que “reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” y que la semana pasada fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

Al respecto, Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS , señaló que en la iniciativa se entrega un rol excluyente al Estado, “dejando fuera a cientos de miles de agricultores en todo el país” y que, más allá de las intenciones de los promotores de la norma, “se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Chile”.

Para el director ejecutivo de ANPROS, el concepto que debe primar en el sector de la producción de alimentos es el de la coexistencia, tal como promueven organismos multilaterales como la FAO, apuntó.

Para Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, la propuesta que se está debatiendo en la Convención tiene un enfoque “urbano” y “se escapan un poco de la realidad agrícola de Chile”. En este sentido, señaló que “la seguridad y soberanía alimentaria son términos que se complementan”. Asimismo, hizo un llamado a dialogar, a ampliar la mirada respecto a estos temas y a avanzar hacia una sustentabilidad productiva.

Por último, Esteban Valenzuela, futuro titular de Agricultura, rescató la importancia de instancias de diálogo como las sostenidas el día de hoy. En este sentido, afirmó que, una vez que asuma como ministro, dará prioridad a la búsqueda de acuerdos, anunciando que es probable que se convoque a una mesa de semillas y una de trabajo con todos los actores del sector agrícola.

Además, el próximo ministro apuntó que todos los sectores, más allá de las diferencias, deben trabajar en fortalecer los espacios de encuentro, porque a su juicio la agricultura debe ser “sustentable, amorosa, pero sin ningún tipo de retroexcavadora”.

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ANPROS valora presencia del próximo ministro de Agricultura en seminario con gremios y destaca su compromiso a convocar una mesa de semillas

Este miércoles, 02 de febrero, ANPROS organizó un webinar con diferentes gremios con el fin de discutir y analizar el panorama actual del sector productivo, en el marco del debate constitucional. En ese contexto, nuestra asociación agradeció la presencia del futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien accedió a la invitación para participar del encuentro.

A la reunión asistieron más de 175 personas, representantes de todo el espectro del mundo rural, dirigentes, agricultores, campesinos y gremios de diferentes rubros del país. En esta instancia, participaron Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, y el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Entre las materias analizadas en el evento estuvo la propuesta de norma constitucional número 113-5, que reconoce el derecho a la soberanía alimentaria y que la semana pasada fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

Al respecto, Mario Schindler señaló que en la iniciativa se entrega un rol excluyente al Estado, dejando fuera a cientos de miles de agricultores en todo el país y que, más allá de las intenciones de los promotores de la norma, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Chile.

Para el director ejecutivo de ANPROS, el concepto que debe primar en el sector de la producción de alimentos es el de la coexistencia, tal como promueven organismos multilaterales como la FAO, apuntó.

Para Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, la propuesta que se está debatiendo en la Convención tiene un enfoque urbano y se escapan un poco de la realidad agrícola de Chile. En este sentido, señaló que la seguridad y soberanía alimentaria son términos que se complementan. Asimismo, hizo un llamado a dialogar, a ampliar la mirada respecto a estos temas y a avanzar hacia una sustentabilidad productiva.

Por último, Esteban Valenzuela, futuro titular de Agricultura, rescató la importancia de instancias de diálogo como las sostenidas el día de hoy. En este sentido, afirmó que, una vez que asuma como ministro, dará prioridad a la búsqueda de acuerdos, anunciando que es probable que se convoque a una mesa de semillas y una de trabajo con todos los actores del sector agrícola.

Además, el próximo ministro apuntó que todos los sectores, más allá de las diferencias, deben trabajar en fortalecer los espacios de encuentro, porque a su juicio la agricultura debe ser sustentable, amorosa, pero sin ningún tipo de retroexcavadora.