Tras casi cuatro meses de trabajo, la Comisión Asesora de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en Materias de Autorización, Evaluación y Fiscalización de Plaguicidas de Uso Agrícola culminó un proceso para consensuar las modificaciones a la Resolución N°243, que regula el almacenamiento, comercialización, manipulación y aplicación de plaguicidas. Como hito de cierre, se realizó una firma simbólica de la normativa actualizada, encabezada por el Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes; quien estuvo acompañado de la directora nacional de ODEPA Andrea García; el director nacional de INDAP Santiago Rojas, representantes del Ministerio de Agricultura, de la Subsecretaría de Agricultura, miembros de la comisión asesora y representantes de gremios. Esta nueva regulación busca minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, estableciendo una normativa acordada entre los diferentes actores involucrados.
La Comisión Asesora es una instancia interministerial de carácter público-privado, integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, así como por asociaciones gremiales de productoras y productores agrícolas y de la industria de agroquímicos. Durante su trabajo, la comisión abordó las observaciones planteadas por distintos sectores agrícolas respecto de algunos puntos de la Resolución N°243, publicada el 20 de enero de 2025, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan asegurar su correcta aplicación.
Tras la reunión, el Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, destacó la relevancia del trabajo realizado y expresó su satisfacción por los avances alcanzados: “Los consensos son fundamentales para seguir impulsando el desarrollo de nuestra agricultura. Estoy muy contento porque el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado ha dado frutos. Nos sentamos a dialogar, a compartir conocimientos y experiencias, y hoy logramos mejorar esta resolución, que no solo favorece la productividad y competitividad del sector agrícola, sino que también resguarda la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente”.
Modificaciones a la normativa
Los principales cambios a la Resolución N°243 presentados trabajados por la Comisión aborda seis puntos principales. Se mantiene la trazabilidad de plaguicidas a través de la indicación del número de lote en los documentos de compra venta, con flexibilidad de plazo de aplicación y formas, la importancia de este punto radica en contar con la información de los plaguicidas que son empleados en la agricultura, verificar que se trate de productos autorizados por el Servicio, herramienta de control del origen lícito y disminución del contrabando, etc.
Se estableció la obligatoriedad de la capacitación para aplicadores y aplicadoras de plaguicidas, la cual quedará sujeta a la elaboración de una resolución específica que definirá los contenidos, plazos, vigencia del reconocimiento y las entidades autorizadas para impartirla. Mientras dicha normativa se encuentra en desarrollo, sigue vigente la Resolución Exenta N°2029/2017, que exige que todas las personas que aplican plaguicidas cuenten con los conocimientos necesarios y suficientes para su uso y aplicación segura.
Se establece la obligación de mantener en buen estado las maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de plaguicidas, con el objetivo de garantizar un uso seguro y eficiente y así reducir los posibles efectos adversos para la salud y el medio ambiente.
Además, se elimina el avisaje de aplicación contemplado en el artículo 14 de la Resolución N°243, medida que había sido ampliamente cuestionada. Sin embargo, es importante reiterar que el avisaje establecido en la Ley N°21.489 o Ley apícola, se mantiene vigente y seguirá aplicándose en los términos definidos por dicha ley. Además, continúa vigente el avisaje establecido por el Ministerio de Salud.
Por otra parte, se incorpora la obligación de registrar cada aplicación de plaguicidas en un cuaderno de campo. Esta medida busca fortalecer la trazabilidad y el control de los productos utilizados en la agricultura. Los datos que deben consignarse —acordados con los gremios— incluyen: nombre del plaguicida, número de lote, fecha y hora de aplicación, periodo de reingreso a la zona tratada, entre otros.
Finalmente, considerando que las empresas que prestan servicios de aplicación de plaguicidas son cada vez más requeridas, se implementará un registro formal de su inicio de actividades. Esto permitirá al SAG contar con información actualizada para mejorar los procesos de fiscalización.
Nuevas modificaciones regulatorias
En la oportunidad también se presentaron otras propuestas normativas que el SAG se encuentra trabajando. La primera de ellas busca impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales en campos experimentales, mejorando la trazabilidad del uso de plaguicidas mediante la notificación previa al SAG y elevando la calidad fitosanitaria de los cultivos destinados a la producción de semillas de exportación. Además, incorpora medidas para reforzar la seguridad de los aplicadores y el manejo responsable de envases fitosanitarios.
El borrador de esta resolución fue sometido a consulta pública, proceso que finalizó el 4 de septiembre, y permitió recoger observaciones de la ciudadanía y del sector agrícola, fortaleciendo la transparencia y la participación en la construcción de políticas públicas.
También se está avanzando en la normativa que aborda los macroorganismos, buscando fortalecer la sanidad vegetal mediante el uso de agentes de control biológico eficaces y específicos, reduciendo la dependencia de plaguicidas químicos y promoviendo prácticas agroecológicas que favorecen la adaptación frente al cambio climático y la aparición de nuevas plagas. Asimismo, contribuye a disminuir la contaminación de suelos, aguas y biodiversidad, fomentando una agricultura más sostenible.
La resolución también promueve la seguridad alimentaria, al contribuir a la producción de alimentos con menor carga de residuos químicos y alineados con estándares internacionales. Además, apoya a la agricultura de pequeña escala, incentiva la innovación en biotecnología agrícola y estimula el desarrollo y comercialización de bioplaguicidas, ampliando las oportunidades para la producción nacional.
Con estas modificaciones, el SAG reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la agricultura chilena, impulsando normativas que equilibran la productividad del sector, la protección de la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Estos avances reflejan la importancia del trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la ciudadanía, permitiendo construir políticas públicas más transparentes, participativas y alineadas con los desafíos actuales de la agricultura nacional.
