Un cuarto de las especies del planeta vive en los suelos; el 95 por ciento de los alimentos del mundo proviene de ellos, y solo en Chile el 3,3% son altamente productivos; contienen, además, dos tercios de carbono terrestre con lo cual contribuye a la mitigación del cambio climático; y contienen dos tercios del agua dulce del planeta.
En Chile, en particular, se ciernen múltiples amenazas contra los suelos: la tasa de erosión es dramática en la zona comprendida entre Valparaíso y el Biobío, mientras que la expansión agrícola en pendientes ha incrementado el perjuicio sufrido por aquellos. Adicionalmente, en ocho ciudades de Chile central, más de 32 mil hectáreas han sido selladas bajo cemento, lo que equivale al 85,5 por ciento de los suelos de alta calidad agrícola. Otro factor es la contaminación que sufren los suelos chilenos producto del uso de pesticidas y fertilizantes fosfatados. Fuera de ello, los incendios les provocan un daño irreparable, ya que éstos no son un recurso renovable a escala humana.
Pese a la contundencia de estos datos, extraídos de un informe de 2018 de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo (SCHCS), Rodrigo Herrera, coordinador del anteproyecto de Ley Marco de Suelos, dice a País Circular que este tema es “aún es un hermano pobre de los elementos de la naturaleza o de los recursos naturales. Nos preocupamos del aire, de la biodiversidad, de la flora y fauna, del agua, pero nunca del suelo. Y el suelo es muy relevante en lo que tiene que ver con el desarrollo y sobrevivencia de nosotros mismos”. Hoy el proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Agricultura (boletín 14.714-01), tras sortear algunas otras instancias, a la espera del ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo para avanzar en su tramitación.
Herrera -ingeniero forestal y master en gestión y planificación ambiental titulado en la Universidad de Chile- ha sido testigo de un proceso que es expresión de una lucha de larga data brindada por la academia para posicionar este tema y convertirlo en una política pública. Es más, cita el profesional, existe un documento oficial del Estado de Chile, titulado “Plan Nacional de Conservación de Suelos” -firmado por la CONAMA y el Ministerio de Agricultura en 1994- en que se compromete a elaborar un proyecto de ley de conservación de suelos y promover la aplicación de instrumentos con esos fines.
No obstante, lamenta Herrera, el documento solo quedó en buenas intenciones. Pasaron los gobiernos de la Concertación y ambos períodos de Sebastián Piñera y, sin embargo los avances fueron casi nulos. Apenas una iniciativa entre 1998 y 1999 de crear una política nacional de recursos naturales, con un capítulo dedicado al diseño de una política de suelos, destacó en la nebulosa.
En paralelo, el mundo de las organizaciones sociales y de la academia se comenzó a mover. Lo mismo el mundo legislativo, en especial el fallecido senador Antonio Horvath, quien “siempre tuvo una preocupación central por lo ambiental”, rescata Rodrigo Herrera. “En ese tiempo aparecieron organizaciones que empujaron el proceso. Una de ellas fue la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, a través de Mónica Antilén, una académica de alto prestigio. Esa entidad comenzó a buscar aliados para hacer un puente con el Congreso y lo encontró en Antonio Horvath, quien acogió a la SCHCS y a la ONG Suelo Sustentable”, agrega Herrera.
El envalentonado proceso de más de 15 años quedó huérfano con la muerte en 2018 del senador Horvath. “Él pensaba que había que hacer una ley corta, de no más de cuatro artículos para no enredar al Congreso. Él le llamaba Ley de Suelos y Ordenamiento Territorial, e implicaba modificaciones a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Trabajó en generación de informes, justificaciones, ya que tenía que entrar como una moción parlamentaria. Ningún gobierno de estos tiempos se interesó realmente”, añade el coordinador del anteproyecto de ley de suelos.
