El desarrollo de nuevas variedades impulsa la competitividad de la agricultura, pero también ha dado paso a un creciente mercado ilegal de plantas protegidas. Hoy la industria busca frenar una práctica que podría afectar el futuro del sector.
Retomar la discusión de UPOV-91 |
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Para los especialistas, los casos de propagación ilegal de genética representan una oportunidad para reabrir el debate sobre UPOV-91, la versión más reciente y exigente del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, tratado internacional que regula los derechos de propiedad intelectual sobre las nuevas variedades vegetales. Cabe destacar que Chile suscribió el Acta UPOV-91 como parte de sus compromisos internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, pese a que el proyecto fue aprobado por el Congreso, nunca fue promulgado ni publicado en el Diario Oficial, por lo que el país continúa rigiéndose por el Acta de 1978 para la protección de los derechos de los obtentores. En ese contexto, Gaspar Goycoolea admierte que esta situación podría generar importantes consecuencias para la agricultura chilena. “Lo que está ocurriendo es que muchos programas de mejoramiento genético de Estados Unidos y Europa han dejado de consideración a Chile como un destino atractivo para desarrollar e introducir nuevas variedades, porque nuestro sistema de protección no cumple con los plazos de resguardo de la propiedad intelectual que ellos exigen”, explica. A su juicio, esta realidad también está favoreciendo una mayor concentración del acceso a la genética de punta. “Muchas variedades están llegando a Chile a través de sistemas de clubes o de empresas de gran tamaño, por lo que quedan en manos de unos pocos y no llegan a los pequeños y medianos productores”, sostiene. |
El desarrollo de nueva genética se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento de la agricultura chilena. La incorporación de nuevas variedades y portainjertos permite aumentar la productividad, adaptarse a nuevas zonas agroclimáticas, reducir costos de producción y responder de mejor manera a las exigencias de los consumidores, entre otros beneficios.
Sin embargo, este avance también ha abierto la puerta a un problema cada vez más frecuente: la propagación y comercialización ilegal de material genético protegido. En muchos casos, personas inescrupulosas multiplican y venden variedades patentadas sin autorización, especialmente aquellas de mayor éxito comercial, llegando incluso a exportar fruta a mercados internacionales.
Aunque este tipo de acciones se presenta en distintos rubros, es en el sector frutícola donde en los últimos años ha adquirido mayor visibilidad. De hecho, las autoridades han ordenado la destrucción de plantas de variedades protegidas en diversos huertos, siendo el caso de la variedad de cerezas Tip Top -comercializada internacionalmente como Skylar Rae®- el que mayor repercusión mediática ha tenido recientemente.
“Pese a que hay muy pocas hectáreas plantadas -alrededor de 250 bajo licencia-, es precisamente esta variedad donde se han concentrado la mayor cantidad de plantaciones ilegales. Eso nos ha obligado a emprender acciones que han terminado con la destrucción de viveros y huertos. Incluso algunos productores que se sintieron descubiertos optaron por eliminar sus propias plantaciones para evitar llegar a juicio”, comenta Luis Fernández, gerente de ANA Chile, empresa que representa en Chile y otros países diversas variedades de frutales mayores, entre ellas Tip Top.
Pero este no ha sido el único caso. El ejecutivo señala que en las últimas semanas también se intervino un vivero ilegal, donde fueron destruidas más de 35.000 plantas correspondientes a distintas variedades de nectarines.
Si bien la propagación ilegal de variedades ha cobrado mayor relevancia durante los últimos 15 años -como consecuencia del acelerado desarrollo del mejoramiento genético y del aumento de la oferta varietal, entre otros factores-, se trata de un problema que existe desde hace mucho tiempo.
Fernández recuerda que hace cinco años, mientras desarrollaban una iniciativa destinada a regularizar plantaciones ilegales de la variedad de manzano Rosy Glow, descubrieron la existencia de más de un millón de plantas irregulares, una cifra que superó ampliamente las estimaciones que manejaba ANA Chile.
“Lamentablemente, la propagación ilegal es mucho más común de lo que la mayoría cree”, afirma Felipe Massanés, gerente general de Univiveros, empresa cuyo portafolio de variedades y portainjertos está compuesto en aproximadamente un 70% por materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual.
De hecho, el ejecutivo advierte que probablemente existan numerosos casos de propagación ilegal que aún no han sido detectados.
“Muchos realizan estas propagaciones en huertos pequeños o comercializan la fruta en mercados locales, como ferias libres, por lo que muchas veces resulta difícil dar con ellos”, señala Massanés.
El experto agrega que en numerosos casos las variedades involucradas corresponden a mutaciones que, a diferencia de Tip Top -una variedad muy distintiva y en manos de muy pocos productores-, no pueden rastrearse fácilmente mediante análisis genéticos.
“Eso podría ocurrir, por ejemplo, con una manzana Gala”, indica Massanés.
Más ojos
La propagación ilegal de genética ha obligado a los representantes de los distintos programas de mejoramiento presentes en Chile y a los viveros a redoblar sus esfuerzos para resguardar sus derechos y evitar que terceros se aprovechen de este trabajo.
“Los programas genéticos destinan importantes recursos al monitoreo de las superficies plantadas. Por eso, cuando un productor compra plantas a un vivero, debe entregar las coordenadas del predio donde serán establecidas, de manera que esas superficies queden georreferenciadas y bajo control. Esto permite mantener una adecuada trazabilidad y estimar cuánta fruta debería producir cada huerto. Cuando aparece un volumen mayor al esperado, inmediatamente se encienden las alarmas”, explica Felipe Massanés.
Sin embargo, en muchos casos estas medidas no son suficientes, lo que ha llevado a varios representantes de programas genéticos a fortalecer sus mecanismos de vigilancia.
Hace cinco años, por ejemplo, ANA Chile creó un departamento especializado en la protección de los derechos de los obtentores. Su labor consiste en monitorear viveros -para identificar qué materiales se ofrecen-, productores -verificando que no multipliquen plantas por sobre lo autorizado- y también algunos packing y exportadoras, con el fin de determinar qué fruta se exporta, cuál es su origen y cuántas cajas salen al mercado.
“Tratamos de identificar el origen de la fruta que no está en nuestro radar o que no aparece en los registros de quienes compraron las plantas o cuentan con un contrato para explotar una determinada variedad. Y hemos tenido resultados bastante positivos”, afirma Luis Fernández.
El ejecutivo comenta que este trabajo incluso considera, en determinados casos, el seguimiento de algunos recibidores de fruta. Gracias a esa labor, por ejemplo, lograron detectar un envío ilegal de cerezas Tip Top con destino a China.
“Tomamos una muestra de fruta en China, realizamos un análisis de ADN y lo comparamos con el perfil genético de la variedad. Gracias a eso pudimos identificar al productor y abordarlo”, sostiene Fernández.
El ejecutivo agrega que, desde la creación de este departamento, también se han encontrado con productores que optaron por “autodenunciarse” para regularizar sus plantaciones.
“A otros, en cambio, hemos debido llevarlos ante la justicia, donde hemos obtenido resultados favorables, logrando que se destruyan miles de plantas en viveros y huertos. Y todavía tenemos numerosas causas en distintas etapas de tramitación”, agrega Fernández.
Los especialistas explican que estos casos no siempre se resuelven de la misma manera. En algunas situaciones, los representantes de los programas genéticos alcanzan acuerdos directamente con los productores; en otras, intervienen organismos como el SAG y el Ministerio Público.
Gaspar Goycoolea, presidente del Grupo Hijuelas, es partidario de esta última alternativa. A su juicio, el camino correcto no es negociar con quienes infringen la ley, sino ejercer las acciones legales correspondientes y respetar los procedimientos establecidos.
“Si se descubre un huerto propagado ilegalmente, este debe ser destruido, sin darle la posibilidad al productor de pagar o regularizar la situación. Esa es la única forma de que quienes hacen estas cosas entiendan que deben respetar la propiedad intelectual”, afirma.
Educar es crucial
Más allá de los esfuerzos que puedan realizar el sector privado y las instituciones públicas, entre los representantes de los programas genéticos existe consenso en que este problema sólo podrá enfrentarse de manera efectiva cuando los productores tomen conciencia de que la propagación ilegal de variedades constituye un delito.
“Lamentablemente, esto trasciende a la agricultura y refleja una realidad que también se observa en otros ámbitos”, sostiene Gaspar Goycoolea.
A juicio de los especialistas, la solución no pasa necesariamente por endurecer las sanciones. Consideran que la destrucción de los huertos ilegales y el costo reputacional que enfrentan los infractores constituyen medidas suficientemente disuasivas. El verdadero desafío, afirman, es que la industria consolide un estándar ético en torno al respeto de la propiedad intelectual.
“Eso implica respetar las leyes y el trabajo de quienes han desarrollado una variedad”, asegura Luis Fernández.
Para Felipe Massanés, en Chile aún existe escasa cultura respecto del desarrollo de nuevas variedades y del valor de la propiedad intelectual asociada a un cultivar.
“La gente, en general, desconoce que para desarrollar una variedad exitosa pueden transcurrir 15 años de investigación, evaluaciones y ensayos. Detrás de ella existe un enorme trabajo, en el que confluyen los esfuerzos de muchas personas”, explica.
En ese sentido, aunque valora las acciones impulsadas por ANA Chile, especialmente después de que estallara el caso de la variedad Tip Top, considera que es necesario involucrar a un mayor número de instituciones, entre ellas los gremios agrícolas y organismos públicos como el SAG.
“Al final, este también es un tema de imagen país. Cuando los casos de propagación ilegal comienzan a repetirse y pasan a verse como algo normal, sin mayores consecuencias, Chile pierde atractivo para los programas de mejoramiento genético”, asegura Massanés.
De hecho, Gaspar Goycoolea sostiene que algunos de los principales desarrolladores de genética del mundo ya están privilegiando países como Brasil, México, Colombia y Perú para introducir sus nuevas variedades.
“Chile necesita tener acceso a esa genética de última generación, que es precisamente la que demanda el mercado. Si queremos mantenernos entre los principales exportadores de fruta del mundo, debemos contar con variedades de punta”, afirma.
Los especialistas agregan que una medida igualmente importante para prevenir este tipo de situaciones es que los productores adquieran sus plantas únicamente en viveros autorizados y que cuenten con el registro correspondiente del SAG.
Fuente: El Mercurio Campo