Expertos jurídicos y del agro advierten paralización de inversiones por incertidumbre en propuesta de nueva Constitución

Qué pasará con los derechos de agua si se aprueba la nueva Constitución, cuáles son los alcances del nuevo texto para el desarrollo de la agricultura chilena, impactará las inversiones, cómo funcionará el aprovechamiento de agua, restitución de tierras, la seguridad alimentaria y la plurinacionalidad.

Estas son las inquietudes planteadas por profesionales relacionados al ámbito constitucional, agrario, especializados en derechos de agua y semillas, comercio internacional, entre otras materias, quienes expusieron sus puntos de vista durante el webinar “El futuro de la agricultura frente a la nueva Constitución”, organizado por Araya & Cía., y que contó con la presencia de Sebastián Leiva y José Lionel Ojeda, socios de Araya & Cía.; Felipe Martin, Gerente General de MAS Recursos Naturales S.A., y Mario Schindler, Director Ejecutivo de ANPROS – Asociación Nacional de Productores de Semillas.

En el encuentro se analizaron las normas permanentes y transitorias del borrador de la nueva Constitución en relación a la agricultura, existiendo un acuerdo en que las nuevas regulaciones afectarán la actividad productiva, en especial la agrícola, ya sea por la relación que tiene ésta con los recursos naturales, la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y los deberes que debe cumplir el Estado para garantizarla.

A juicio de los exponentes la nueva Constitución pone en el centro al pequeño productor agrícola, al campesino y a los pueblos indígenas, pero no especifica u otorga garantías de seguridad o relevancia a la actividad agrícola exportadora y a las inversiones en este sector, las cuales podrían verse afectadas por las nuevas regulaciones y la incertidumbre.

No hay propiedad sino autorizaciones de aprovechamiento de aguas
José Lionel Ojeda señaló que en cuanto a los cambios constitucionales que están estrechamente ligados a la agricultura, y que pueden generar un cambio completo en el sistema y de paradigma, es en la forma de cómo se entiende la naturaleza y los recursos naturales, la relación de los recursos hídricos con las semillas y la propia actividad productiva agrícola.

“En todo el borrador de la Constitución no hay una especificación de la actividad agrícola productiva, son menciones al pequeño productor agrícola, al campesino y a los pueblos indígenas, el sector agrícola es tratado como otra actividad productiva más”. No vemos un reconocimiento importante al rol de la agricultura hoy”, agregó.

En cuanto al régimen jurídico de las aguas hay un cambio en el Código de Aguas (6 abril 2022), en que se consagra como un derecho humano al consumo de agua y saneamiento y que va a prevalecer ante otro tipo de ejercicio de extracción de agua. “Esto ha sido uno de los temas que más se ha cuestionado del Código de Aguas del año 80, ya está instalado en el código actual y ahora hay reconocimiento a nivel constitucional. Las aguas siempre han sido bienes nacionales de uso público y ahora se tratan como bienes comunes naturales inapropiables y sobre los cuales el Estado tiene varios deberes que cumplir y ahora solo existirán autorizaciones de uso”, señaló Ojeda.

Es decir no hay más propiedad sobre derechos de aprovechamiento de aguas.

Si se cambia la naturaleza y el resguardo de las aguas, se puede decir que son inapropiables, incomerciables y los derechos de agua no van continuar, en el texto de la Convención a través de normas transitorias se establece estos derechos se van a transformar en autorizaciones y van ocuparse hasta que operen las redistribuciones.

“Entonces existe un detrimento del derecho de propiedad, una expropiación que no es tratada de tal manera, ni con indemnizaciones, y que trae consigo un sistema de autorizaciones puro, de poco respaldo y certeza jurídica, serán autorizaciones simples, tal como se hacen se pueden deshacer, ni siquiera se puede hacer un cambio de titular de ellas”, finalizó el abogado.

“Este proyecto constitucional en ningún caso habla del uso productivo de las aguas, éstas son vitales para el desarrollo del país. Se tiene una visión negativa, demonizando conceptualmente que se haga uso del agua para estos fines… no hay avergonzarse de tener esta mirada de uso productivo de las aguas dentro de la función social”, precisó su colega el abogado Sebastián Leiva.

Cambio de la institucionalidad
Hay nuevos conceptos como la conservación y la preservación de los ecosistemas, el Código de Aguas lo entendía en relación a las actividades productivas, “Acá en el borrador lo vemos como un todo absoluto, sin relacionar esto con la actividad productiva y se suma un cambio en la institucionalidad del agua, basado en el principio de la gobernanza participativa, donde jugarán un papel fundamental los consejos de cuencas”, señaló José Ojeda.

Los consejos de cuencas serán los encargados de la administración de los recursos hídricos en todas las cuencas, por ejemplo en Aconcagua sería desde la primera sección hasta la desembocadura en el mar. Y serán integrados por los usuarios de agua, las sociedades civiles, entidades locales y el gobernador regional.

Las Juntas de Vigilancia, Comunidades de Aguas y Organizaciones de Usuarios dejarán de ser los entes que administran las aguas superficiales y subterráneas, perdiendo el control sobre sus canales y tranques privados. También se crea la agencia nacional del agua que cumple el deber de supervigilancia del tema hídrico y uso sostenible de las aguas.

A juicio de Ojeda, “el tema de la administración del agua va a tener una arista política… un tema que era meramente técnico ahora se le agrega este componente político (gobernador regional). Se establece en las normas transitorias la obligación que tiene la autoridad de generar la redistribución de las aguas en un plazo de seis meses desde que se apruebe el borrador de Constitución. Según Ojeda ” la redistribución se hace para asegurar los usos prioritarios que reconoce la Constitución, consumo humano y saneamiento principalmente, pequeña agricultura, pueblos indígenas y otros, y el tema agrícola se va a entender como toda otra actividad productiva… y vamos a tener que entender la redistribución en sentido amplio, desde limitar caudales, cambiar características de cómo extraer el agua y tiempo o cancelaciones de las autorizaciones”.

Producto de todos temas mencionados los panelistas concordaron en que no existe una seguridad real que estas autorizaciones se mantengan en el futuro. “En el tema de la inversión, al ser incomerciables las autorizaciones de uso de agua, sino no se puede transferir el Estado no puede asignarlas en las zonas que se han declarado en restricción, estas autorizaciones también se pueden extinguir, revocar ya no por la caducidad o no uso como dice el actual Código, ahora hay otros elementos adicionales que dan razones para revocarlas, como por derechos de conservación, interés público , protección a la naturaleza o por beneficio colectivo, imaginen lo amplio, lo genérico, lo interpretable que puede llegar, y esto incide en que haya incertidumbre y decaiga la inversión”, expresó Sebastián Leiva.

Semillas y alimentos

En cuanto a las semillas y los alimentos hay cambios, en la Constitución actual no había menciones como las que se establecen en el borrador respecto de los alimentos, ahora se toman los alimentos en relación a la naturaleza y cómo se puede buscar una producción ecológicamente responsable y sustentable.“Solamente quedó una norma que vincula el libre uso e intercambio de semilla de los pueblos y naciones indígenas y los pequeños agricultores, lo que en principio parece inocuo, pero esta Constitución no se puede hacer de manera aislada sino vincularse con las otras normas”, señaló Mario Schindler, Director Ejecutivo de ANPROS – Asociación Nacional de Productores de Semillas.

“Lo mismo que pasada con las aguas, el tema excluye al sector agrícola, no hay mención a su rol en esto, pero sí hay un enfoque claro en el rol del pequeño productor agrícola, el campesino y los pueblos indígenas, se consagra explícitamente a la Agricultura Familiar Campesina como fundamental en la producción alimentos y se excluye al resto de los actores”, complementó Ojeda.

El abogado Sebastián Leiva, hizo incapié en que existe un desconocimiento de lo que es la ruralidad chilena y la actividad agrícola “existe lo que llamamos la agricultura sin agricultores, solamente se establecía que eran relevantes un sector: los pequeños agricultores y que iban basar la soberanía alimentaria de Chile en base a semillas ancentrales. Esto no termina ni con el apruebo ni con el rechazo, el trabajo sigue en cualquiera de las dos situaciones, sobretodo por el desconocimiento del sector rural, este es un tema que vamos a tener que enfrentar”,

No dejar de postular a la Ley de Riego
Felipe Martin, profesional de destacada trayectoria en políticas públicas y empresariales, fue Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego CNR, Consejero de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y coordinador del Grupo de Agua del Consejo Agropecuario del Sur del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA. En la actualidad es Gerente General de MAS Recursos Naturales S.A.

Durante el encuentro enfatizó en que “Cualquier agricultor en este momento tiene que tratar de postular a la Ley de Riego, ya que están perdiendo la propiedad del derecho, el uso, el goce y la disposición, y va a depender de una autoridad pública puede definir que no se necesite. Si uno postula a la ley de riego y le aprueban financiamiento quiere decir que está valorizado y puede continuar produciendo. Nos estamos llenando de ineficiencias, algunos privados podrían hacer inversiones en forma directa pero pueden correr el riesgo que un funcionario público lo considere después inviable y poco interesante, quitándole el beneficio. Estaremos perdiendo inversión de forma muy fuerte”, señaló Felipe Martin.

Concordó con los panelistas en que el único valorado por esta nueva Constitución es el pequeño agricultor, y reflexionó acerca del destino que tendrán todas las inversiones privadas y públicas que se han realizado con el fin de ser potencia alimentaria, lo cual no solo pone en riesgo a la industria sino también a la minería, energía, sanitarias etc.

“Hago un llamado a los gremios para actuar en forma más rápida…la gente que va a estar administrando este recurso no sabe qué va a pasar realmente con las inversiones, es porque no son expertos. Cuando ponemos a un político que no tienen experiencia en la administración del recurso natural como es el agua se pueden meter las patas, nos vamos a llenar de problemas después si se aprueba la nueva Constitución como está “, enfatizó Martin.

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