Las normas y directrices internacionales, establecidas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), proporcionan un marco común para armonizar las medidas fitosanitarias y promover la coherencia. La CIPF tiene por objeto facilitar el comercio seguro y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las barreras comerciales innecesarias. “Sin embargo, debido a la naturaleza compleja de la sanidad vegetal y a los distintos perfiles de plagas de los distintos países, no siempre es posible lograr una armonizació
n completa”, afirma Bezuidenhout. Otro factor que dificulta la armonización completa es el hecho de que los acuerdos de la CIPF suelen ser bilaterales, entre dos países. Para la industria internacional de semillas, lo más adecuado sería un marco multilateral reconocido.
Un principio importante en el acuerdo de la CIPF es que los países tienen autoridad soberana. Esto significa que cada país puede prescribir las medidas fitosanitarias que se consideren necesarias para proteger la salud de las plantas en su propio país. Cada país evalúa el riesgo de plagas relacionado con la importación de semillas y las decisiones sobre los requisitos de importación se toman en función de este riesgo y del “nivel adecuado de protección” (ALOP) que determine el país. “Esto ha llevado a la situación actual en la que no hay armonización de los requisitos fitosanitarios de importación. Por ejemplo, hay aproximadamente 28 países que han implementado, más o menos, diferentes requisitos de importación para garantizar la ausencia del virus rugoso marrón del tomate (ToBRFV) en las semillas de tomate. Esto hace que sea muy tedioso y complejo para las empresas de semillas enviar un lote de semillas a varios países, ya que deben cumplirse los requisitos de todos los países (inspección de campo, tratamiento de semillas, pruebas utilizando diferentes técnicas, etc.)”, dice Langens.
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la CIPF permiten a los países imponer regulaciones fitosanitarias para proteger la salud de las plantas, pero establecen que todas las medidas deben basarse en una evaluación del riesgo de plagas o en normas internacionales recomendadas. “El objetivo principal de estas regulaciones es proteger la agricultura nacional y los recursos naturales de las posibles amenazas que plantea la introducción de plagas y enfermedades a través del comercio internacional. La industria de las semillas ha observado un rápido aumento de los requisitos fitosanitarios divergentes por parte de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) en los últimos años, con una tendencia emergente de requisitos específicos para cada plaga”, dice Bezuidenhout.
Souza Richards explica que la aplicación de normas fitosanitarias divergentes entre países puede atribuirse a varios factores. “Las normas fitosanitarias son medidas diseñadas para proteger la salud de las plantas y prevenir la propagación de plagas y enfermedades que pueden dañar los cultivos agrícolas, los bosques y los ecosistemas naturales”, afirma. Si bien los objetivos generales de las normas son los mismos, puede haber variaciones en la forma en que los países abordan estas normas por varias razones:
- Prioridades nacionales: Cada país tiene su propio conjunto de prioridades agrícolas, ambientales y económicas. Las reglamentaciones fitosanitarias suelen estar diseñadas para abordar los riesgos y desafíos específicos que enfrenta un país en particular. Por ejemplo, un país que depende en gran medida de un cultivo específico podría tener reglamentaciones más estrictas para protegerse contra plagas que podrían devastar ese cultivo.
- Evaluaciones de riesgo: Las reglamentaciones fitosanitarias suelen basarse en evaluaciones científicas de riesgo realizadas por las ONPF o los organismos reguladores. Sin embargo, la interpretación y aplicación de los datos científicos pueden variar. Los distintos países pueden tener distintos niveles de tolerancia al riesgo o interpretar la evidencia científica disponible de manera diferente.
- Consideraciones regionales: Los países suelen colaborar en el marco regional para armonizar las medidas fitosanitarias. Las organizaciones regionales como la Organización Europea de Protección Fitosanitaria (EPPO), la Organización Norteamericana de Protección Fitosanitaria (NAPPO) o la Comisión de Protección Fitosanitaria de Asia y el Pacífico (APPPC) trabajan para alinear las reglamentaciones dentro de sus respectivas regiones. Sin embargo, incluso dentro de los marcos regionales, puede haber variaciones debido a las circunstancias específicas de cada país o a las diferentes perspectivas científicas.
- Consideraciones comerciales: Las reglamentaciones fitosanitarias también se ven influidas por consideraciones comerciales internacionales. Los países pueden adoptar reglamentaciones para proteger sus industrias agrícolas nacionales de la introducción de plagas y enfermedades a través de productos importados. Estas reglamentaciones pueden ser más estrictas o apartarse del consenso científico para salvaguardar los intereses nacionales.
Las regulaciones que no se basan en la ciencia son problemáticas por múltiples razones. “El aumento de la regulación fitosanitaria que adopta un enfoque que no se basa en la ciencia contradice las normas y los acuerdos internacionales. Además, estas regulaciones cada vez mayores aumentan significativamente los costos y afectan la capacidad de las empresas de semillas para hacer llegar las semillas a los agricultores cuando las necesitan”, dice Bezuidenhout.
Si bien la finalidad de las reglamentaciones fitosanitarias es basarse en datos científicos y en evaluaciones de riesgos, las diferencias en la interpretación, las condiciones locales y las prioridades pueden dar lugar a que las medidas que se adopten en los distintos países varíen. La armonización de estas reglamentaciones y la promoción de la cooperación internacional siguen siendo desafíos constantes para facilitar el comercio mundial seguro.
Una alternativa: un systems approach multilateral
Souza Richards aclara que un systems approach multilateral podría aplicarse como alternativa a la certificación fitosanitaria actual. “Un ES multilateral es un marco coordinado y armonizado diseñado para minimizar los riesgos asociados con el comercio internacional de plantas y productos vegetales implementado por múltiples países (más de dos). Implica un enfoque sistemático y basado en la ciencia que considera todas las actividades durante toda la cadena de producción y suministro, desde el origen hasta el destino, para garantizar el movimiento seguro de las semillas y reducir al mismo tiempo la propagación de plagas y enfermedades”, agrega.
En el marco de un SA multilateral, las empresas de semillas pueden obtener la certificación de que producen semillas libres de plagas en función de sus prácticas y protocolos de higiene. La certificación la realizan las autoridades del país en el que se produce la semilla y es reconocida por los demás países del acuerdo, preferiblemente el mayor número posible. “Las empresas certificadas pueden enviar semillas de una manera más predecible entre los países que reconocen el sistema”, afirma Langens. “Y la colaboración con la CIPF sería la mejor manera de lograr la armonización”, añade.
El objetivo general de un acuerdo de seguridad fitosanitaria multilateral es facilitar el comercio internacional seguro y, al mismo tiempo, gestionar eficazmente los riesgos fitosanitarios. “Al implementar un enfoque armonizado que tenga en cuenta toda la cadena de producción y suministro, los países pueden minimizar la introducción y propagación de plagas y enfermedades, proteger sus propios sistemas agrícolas y contribuir a la seguridad fitosanitaria mundial”, explica Souza Richards.
“Este enfoque puede mejorar el comercio mundial y, al mismo tiempo, garantizar la protección de la agricultura nacional, los recursos naturales y la bioseguridad”, añade Bezuidenhout.
Beneficios de un systems approach
El aumento del comercio y de los requisitos fitosanitarios ejerce una presión cada vez mayor sobre los recursos de las ONPF. “Una evaluación de riesgos [multilateral] reduciría esa presión, ya que es una alternativa armonizada a las pruebas envío por envío. El papel de la ONPF cambiaría y pasaría a supervisar el sistema, lo que les permitiría cumplir su mandato de manera más eficaz”, afirma Langens. Con la publicación de la NIMF 45 “Requisitos para las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria si autorizan a las entidades a realizar acciones fitosanitarias”, las ONPF también podrían considerar la posibilidad de autorizar a las entidades para que apoyen la auditoría.
Añade que un SA facilitaría la evaluación de riesgos por parte de las ONPF, ya que se proporcionarían orientaciones sobre las plagas para las que las semillas son una vía de entrada. “Además, habría sugerencias para medidas de mitigación de riesgos. Como el SA es una alternativa al sistema actual y no un reemplazo, la autoridad soberana de los países no se vería comprometida.
En un estudio piloto se está probando actualmente si es posible llegar a un acuerdo entre las ONPF de cuatro países sobre una lista de plagas relevantes y un conjunto básico de medidas de mitigación para un cultivo. Este es un primer paso para demostrar que la aceptación multilateral es factible”, afirma.
Además de los beneficios mencionados, Bezuidenhout subraya que una certificación fitosanitaria brindaría una solución a largo plazo al mosaico actual de certificación fitosanitaria que difiere de un país a otro. Como tal, brindaría un marco más eficiente y predecible para el movimiento internacional de semillas; conduciría a una armonización global de plagas reguladas por cultivo que facilitaría una reexportación más eficiente; reduciría la carga de trabajo para las ONPF, ya que supervisarían el sistema en lugar de los requisitos para cada envío, y permitiría abordar de manera más proactiva los patógenos emergentes.
“También protegería la agricultura nacional”, afirma Souza Richards. “Al gestionar los riesgos fitosanitarios mediante un systems approach, un país puede proteger su propia agricultura y sus recursos naturales de la introducción y propagación de plagas y enfermedades. Esto ayuda a salvaguardar la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la economía del país”.
Además de estos beneficios, una evaluación fitosanitaria también es beneficiosa para la colaboración y el intercambio de información. La implementación de una evaluación fitosanitaria a menudo requiere una comunicación clara y el esfuerzo conjunto de múltiples partes interesadas, incluidas las agencias gubernamentales, los socios de la industria y las organizaciones internacionales. Una evaluación fitosanitaria requiere cooperación, intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades, lo que puede beneficiar al sistema fitosanitario general del país.
Al adoptar un Acuerdo Estratégico, los países pueden fortalecer sus sistemas fitosanitarios, proteger sus industrias agrícolas, promover el comercio internacional y contribuir a los esfuerzos mundiales para garantizar la seguridad fitosanitaria.